¿Zapatero 2-Municipios 1?

El pasado fin de semana se cerró el plazo para que los municipios españoles presentaran sus proyectos para beneficiarse del Fondo Estatal de Inversión Local. Este fondo es una de las medidas estrella y más directas del Gobierno de Zapatero para combatir la crisis y el desempleo, con una dotación de 8.000 millones de euros con los que se piensan generar unos 400.000 empleos, entre directos e indirectos. La acogida ha sido entusiasta. Los 31.000 proyectos pendientes de valorar han sido presentados por la práctica totalidad de los ayuntamientos españoles. Sólo cinco de los 8.112 municipios no han acudido a la convocatoria: un triunfo a la búlgara. No sabemos si el éxito y la buena acogida se deben al acierto de la medida o más bien reflejan la patética situación en que se encuentran las finanzas municipales en buena parte del país. Lo cierto es que a nadie le amarga un dulce. Es importante destacar que los 8.000 millones dedicados a este plan extraordinario duplican los fondos estatales previstos para los municipios en los Presupuestos Generales de 2009. De hecho, la Federación de Municipios y Provincias llevaba mucho tiempo reclamando que se incluyera a los gobiernos locales en el debate de financiación entre Administración central y comunidades autónomas, y buenas palabras al margen, lo cierto es que las previsiones presupuestarias de 2009 dedicadas a los municipios rebajaban lo que se había obtenido en el año 2008. Y de pronto, como si el Gobierno de Zapatero hubiera recibido una señal del cielo, en el último Consejo de Ministros del pasado mes de noviembre se anunció la lluvia de millones a los ayuntamientos.

El Fondo Estatal de Inversión Local es una de las medidas estrella y más directas del Gobierno de Zapatero

Es evidente que la alternativa adoptada por el Ejecutivo resulta a todas luces inteligente. Por una parte, articula una medida generalizable a todo el conjunto del país, a la que puede acogerse si quiere cualquier municipio, sea cual sea la fuerza política gobernante. Ergo, difícilmente van los partidos de la oposición a enfrentarse a una medida que beneficia directamente a la capacidad de ejecutar proyectos y realizar mejoras del conjunto de los gobiernos locales del país, desde los gobernados por el PP hasta los liderados por ANV. Por otra parte, las condiciones exigidas para presentarse a la convocatoria aseguran una ejecución rápida y, por tanto, se pueden obtener en pocos meses efectos significativos en empleos generados, sin que el Ejecutivo se despeine. Mientras, en cambio, los más de 30.000 millones de euros previstos en infraestructuras de gran calado, cuya responsabilidad recae directamente en el Gobierno central, incorporan una complejidad tal en su licitación y contratación, que sólo podremos valorar su conveniencia a partir de 2010 o 2011. Evidentemente, en caso de que las cosas no funcionen, el Gobierno del Estado no tiene por qué sentirse responsable. La buena obra está hecha, la oportunidad servida, y en todo caso, lo que puede fallar es la capacidad de los municipios de aprovechar la operación. Una de las condiciones que obligatoriamente deberán cumplir los municipios es colocar un cartel en cada obra que ejecuten a cargo de los fondos mencionados, en el que se haga constar que la obra es posible gracias al "Gobierno de España". Finalmente, el Gobierno del Estado sigue los consejos de expertos progresistas de todo el mundo, liderados por Paul Krugman, que aconsejan utilizar la capacidad inversora de los poderes públicos para invertir en empleos y en proyectos enraizados localmente, que generen sinergias positivas y difícilmente deslocalizables.

Los municipios tampoco pueden quejarse. Peor no están. Siguen con sus problemas endémicos de subfinanciación, de un minifundismo técnico y administrativo que, si tienen menos de 25.000 habitantes, los sitúa en una clara inferioridad técnica y de capacidad de implementación con relación a otros municipios de mayor tamaño y con mejor estructura de gestión. Pero al menos ahora tienen dinero fresco e imprevisto para hacer cosas en mitad de su legislatura que seguro que, de hacerlas mínimamente bien, los sitúan en mejor posición que antes para la reelección. El problema es averiguar si muchos tienen la capacidad de gastar en tiempo y forma lo que se les ha concedido. No tenemos aún datos concretos sobre el tipo de proyectos presentados, pero las restricciones de la convocatoria (proyectos de un máximo de cinco millones, vinculados a tamaño de población y que ya estuvieran mínimamente pensados para afrontar la urgencia) auguran que encontraremos de todo y mucho. Seguro que hay mucha vialidad, mejora de espacios públicos, eliminación de fronteras para discapacitados y pequeñas obras o mejoras en infraestructuras. Oía el otro día al alcalde de Zugarramurdi, en Navarra, a quien llamaron como representante de uno de los cinco municipios que no presentaron proyecto alguno a la convocatoria, afirmando que sí lo habían presentado y que el problema probablemente era administrativo. Al ser un pueblo de 200 habitantes, les correspondían 39.000 euros, cantidad que pensaban invertir en mejorar su centro de asistencia médica. Pero L'Hospitalet de Llobregat ha anunciado que gracias a los recursos obtenidos se acabarán las barreras urbanísticas para los discapacitados. En casi todas partes el plan de Zapatero ha sido recibido en forma de "solución busca problema" y, evidentemente, nadie ha perdido mucho tiempo pensando si les convenía o no aceptar la lluvia de euros que les correspondía.

Deberíamos ir un poco más allá de la coyuntura y pensar si a medio plazo esta medida resuelve los problemas estructurales que padecen desde hace décadas los municipios españoles que celebran este año su 30º aniversario de democracia. El problema es estructural y no se resuelve con una lluvia de millones que quizá no reaparezca en 2010. Tanto el Gobierno central como los gobiernos autónomos (incluido el catalán, tan aparentemente municipalista) mantienen a los gobiernos locales en una posición de minoría de edad permanente. La lógica es clara: "Sois pobres y lo seguiréis siendo, pero gracias a nosotros vais a subsistir a base de subvenciones, siempre que vuestro comportamiento sea el correcto". Al final, 8.000 millones de euros gastados por una causa noble, como es la búsqueda de respuestas a la crisis y el desempleo, convierten a todos en ganadores.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB