La naturaleza herida tiene un precio

Hace 20 años, el petrolero Exxon Valdez vertió 37.000 toneladas de crudo en la costa de Alaska. Una de las pruebas vinculantes para el juicio era un estudio sobre los daños ambientales que no tienen un valor en el mercado y que, por lo tanto, son difíciles de evaluar económicamente: los kilómetros de costa y playa afectados o el número de aves y mamíferos muertos. Finalmente, el juicio no se celebró. El fiscal llegó a un acuerdo con Exxon. La empresa propietaria del petrolero pagó 2.100 millones de dólares para un programa de limpieza y recuperación.

Este año se celebrará el juicio por los daños ocasionados por el vertido del Prestige en 2002. Además de las pérdidas comerciales en los sectores de la pesca y el turismo se podrían tener en cuenta también los perjuicios medioambientales. El trabajo de la investigadora del Instituto Universitario de Estudios y Desenvolvemento de Galicia (Idega) de la Universidad de Santiago, María Loureiro, cuantifica en 774 millones de euros el valor de los daños en los recursos de no uso, es decir, las pérdidas ambientales. Es la primera vez en Europa que se elabora un estudio de este tipo después de una marea negra.

¿Cuánto vale un bosque además de su madera? ¿Y la población de una especie marina que no se consume? Los recursos medioambientales que generan beneficio económico, aunque no tienen precio en ningún mercado, no están cuantificados. Y como no se traducen en euros, no pueden influir en las decisiones políticas. La valoración contingente, uno de los métodos que se suelen utilizar para medir en términos económicos los recursos naturales que no tienen precio, se emplea en Estados Unidos y Europa, pero muy poco en España. En Galicia, el hundimiento del Prestige o los incendios de 2006 apremiaron la necesidad de este tipo de estudios porque pueden ayudar a evaluar la repercusión medioambiental de las catástrofes naturales.

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en su próxima declaración de la renta para un programa de prevención de mareas negras? Esta es una de las preguntas que el equipo de Loureiro realizó a una muestra de 1.140 personas en toda España. Detrás de la respuesta está la teoría del bienestar: si no nos supone un problema dejar de emplear ese dinero en otras cosas, votamos que sí. Y el resultado, con un 44% de índice de respuesta, fue que cada familia pagaría 54,55 euros de media para evitar los daños en el medio ambiente de un nuevo Prestige. Una cifra un tanto superior a los 30,3 dólares de 1991 (34,35 euros actuales) que los estadounidenses afirmaron estar dispuestos a pagar para prevenir otro Exxon Valdez. De esta forma, los criterios biológicos y éticos -los únicos aplicables a un recurso que no tiene valor en ningún mercado- se traducen en económicos.

Los 774 millones de euros de daños ambientales ocasionados por el Prestige se suman a los casi 805 de pérdidas comerciales (296 en el sector pesquero y turístico y otros 509 por labores de limpieza y recuperación), según otro estudio de Loureiro. Los daños totales ascienden a 1.580 millones de euros. Sin embargo, el Fondo de Indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos (Fidac) sitúa en 1.132 millones de dólares (870 millones de euros) la cantidad máxima para compensar las pérdidas por las mareas negras.

La encuesta sobre la disposición al pago presentaba dos escenarios hipotéticos. Uno con los daños que existirían al cabo de siete años si no se hiciera nada, y otro con las pérdidas que habría si se aplicara un programa de prevención. "La diferencia entre ambas situaciones es idéntica a los perjuicios medioambientales ocasionados por el vertido del Prestige", explica Loureiro.

Se trata de tener cuantificado el medio ambiente a partir de las preferencias que la sociedad tiene hacia él. Y, a largo plazo, puede que los gobiernos tengan en cuenta estos estudios en la toma de decisiones políticas. Desde el vertido del Exxon Valdez, Estados Unidos sólo permite la navegación por sus aguas de aquellos barcos pertenecientes a empresas que antes hayan abonado un seguro de transporte por el que harán frente al coste de los daños que ocasione un hipotético accidente.

El equipo de Loureiro también empleó el método de la valoración contingente para medir el valor económico perdido durante la ola de incendios que azotó Galicia en 2006. Las más de 93.000 hectáreas de monte quemadas se llevaron con ellas un total de 248.355.002 euros, una cifra muy superior a los 90 millones de euros estimados por la Xunta en un estudio realizado para la Comisión Europea. Los daños económicos o de mercado -pérdidas de turismo, gastos derivados de la extinción, daños patrimoniales, pérdidas por la madera quemada y por la emisión de CO2- ascienden, según el estudio, a 209.354.018 euros, que se suman a las pérdidas económicas por perjuicios medioambientales, cifradas en 39.351.984 euros. Según la encuesta que los investigadores realizaron a 450 personas, los gallegos pagarían una media de 34 euros para financiar un programa de protección de incendios.