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Editorial:

Guerra sucia en Madrid

La justicia investigará si ha habido espionaje entre miembros del Gobierno de Aguirre

La justicia investigará los seguimientos realizados a personalidades políticas del PP de Madrid. Dispondrá para ello de la documentación publicada por este periódico para informar de tales actividades, que será puesta a su disposición. De ese material parece deducirse que ha habido espionaje (observar disimuladamente a alguien con algún propósito oculto) y que ha sido realizado por personal adscrito al departamento de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

El titular de esa consejería, Francisco Granados, calificó ayer de "gran mentira" hablar de una trama de espionaje, y recitó las competencias de su departamento en materia de seguridad: protección y vigilancia de edificios, instalaciones y cargos de la Comunidad. Sin embargo, el ex policía Marcos Peña, que tiene el cargo de "asesor de seguridad" en la consejería de Granados, reconoció a este periódico que dirigía un equipo que se dedicaba a realizar investigaciones sobre asuntos (como la supuesta corrupción en ayuntamientos gobernados por el PSOE) que no entran en esa lista; y que entregaba los resultados de sus pesquisas al consejero Granados.

Al tratar de verificar si los seguimientos al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, en dos viajes al extranjero, de los que había pruebas gráficas y documentales, guardaban relación con ese equipo de Marcos Peña, EL PAÍS dio con datos sobre espionaje por parte de personal adscrito a la consejería (pero con anterioridad a la contratación de Peña) de otras personalidades del PP como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero regional Alfredo Prada.

El interés político del asunto es que se trata de dos dirigentes enfrentados dentro del PP a la línea, crítica con Rajoy, representada por la presidenta de la Comunidad y su consejero Granados, que es además secretario general del partido en Madrid. Prada, que había sido vicepresidente del Ejecutivo regional, fue destituido por Aguirre inmediatamente después de haber sido incluido por Rajoy en su equipo, tras el congreso de Valencia, que lo confirmó como presidente del PP; y Cobo es el hombre de confianza de Ruiz-Gallardón, el rival más obvio de Aguirre dentro del PP en la disputa por el liderazgo conservador (no sólo en Madrid).

De los informes o partes de los operativos realizados por los imitadores de Torrente que espiaron a Prada y Cobo se deduce claramente que forman parte del Departamento de Seguridad de la Consejería de Granados, a cuyo entonces director, Sergio Gamón, citan. Por tanto, sólo si se demostrase que tales partes no existen o son falsos podrá sostenerse que no hay responsabilidades del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la realización de un acto ilícito financiado con fondos públicos. Y deberá ser la justicia quien lo dilucide.

Pero el hecho de que las víctimas de ese espionaje sean del partido que gobierna la Comunidad viene a confirmar que se ha convertido en un foco de resistencia; pero no contra Zapatero, sino contra Rajoy.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de enero de 2009