España baraja embarcar a policías africanos en los buques que luchan contra la piratería

España estudia embarcar a agentes de policía de países africanos en los buques enviados a combatir la piratería en aguas de Somalia para que se hagan cargo de los corsarios que sean capturados. Ésta es la fórmula, según fuentes diplomáticas, que los países implicados en el dispositivo naval multinacional barajan para solventar una de las cuestiones más delicadas: qué hacer con los detenidos. Ponerlos en libertad, como se viene haciendo, es dejar su conducta impune. Pero tampoco parece viable su traslado a prisiones europeas: algunos países, como España, no tienen tipificado el delito de piratería -aunque está previsto incluirlo en la reforma del Código Penal-; y otros, como Alemania, no los quieren en su territorio.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, que ayer pidió autorización al Congreso para el envío de dos barcos, un avión y hasta 395 militares al Océano Índico, no ofreció detalles, pero anticipó que se están negociando acuerdos con Kenia, Yibuti y Tanzania, tres países vecinos de Somalia, para que las entregas se hagan con "un marco legal claro" y "garantías de que habrá un juicio justo".

El pleno del Congreso dio un apoyo casi unánime a la participación española en la primera misión aeronaval de la Unión Europea: 311 síes y dos abstenciones. Las dudas de Gaspar Llamazares (IU) dejaron a Chacón sin la anhelada unanimidad.

La fragata Victoria, con 196 efectivos, zarpará mañana desde la base de Rota (Cádiz), una vez el Consejo de Ministros dé la orden, y tardará casi tres semanas en llegar al Cuerno de África, donde, desde septiembre pasado, hay un avión de patrulla marítima con 70 efectivos. En abril se sumará al operativo un buque de aprovisionamiento logístico, con 118 tripulantes. Desde entonces, y por cuatro meses, el mando de la flota europea corresponderá a un capitán de navío español. El coste oscilará entre 3,7 y 5,1 millones mensuales, en función del número de militares implicados (277 hasta abril y 395 hasta agosto).

La dotación de los buques incluirá un "equipo de guerra naval especial"; es decir, una unidad de élite de la Armada especializada en operaciones especiales a la que, eventualmente, correspondería asaltar un buque secuestrado. El Gobierno no quiso recurrir a esta unidad, aunque estaba alertada, durante el secuestro del atunero Playa de Bakio, en abril pasado. Chacón aseguró ayer que las reglas de enfrentamiento son "claras y concretas" e incluyen, además del derecho de autodefensa, el "uso mínimo de la fuerza indispensable" para cumplir la misión.