Gobierno y Poder Judicial aparcan el 'caso Tirado' para frenar la huelga de togas

El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial se reúnen hoy por primera vez desde la confirmación de la polémica sanción al juez Rafael Tirado, que ha devastado las relaciones entre el Ejecutivo y el órgano de gobierno de la magistratura. Aunque el ministro Mariano Fernández Bermejo no estará presente, se trata de una reunión de alto voltaje en la que se intentará frenar la protesta de los jueces de base e impedir que el próximo 18 de febrero se ratifique la convocatoria de huelga por las asociaciones judiciales.

Sobre la reunión de hoy planea la escalada de agravios entre ambas instituciones desde que el Poder Judicial confirmó la sanción a Tirado por no ejecutar la sentencia de cárcel que hubiera permitido que el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés estuviese ya en prisión. Justicia replicó fulminantemente con la promesa de endurecer las sanciones a los jueces. Un proyecto que ni siquiera se menciona en la agenda de la reunión de hoy, que se centrará en el documento reivindicativo de las asociaciones judiciales para no ir a la huelga.

Los vocales pedirán que se suprima el traslado forzoso por el ascenso

El cuadro lo completan el precipitado intento del Grupo Socialista por hacer comparecer al presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, en el Congreso, ignorando que en su condición de presidente del Tribunal Supremo tendría que declarar sobre un asunto que acabará en el alto tribunal. También el llamamiento de Bermejo a que el Consejo emitiese un "criterio jurídico" sobre la legalidad de una huelga de jueces, a lo que el organismo replicó que los criterios jurídicos los sientan los tribunales.

Pese a este clima de desentendimiento y a los sucesivos encontronazos, el Poder Judicial abriga la esperanza de que el Ministerio se comprometa hoy a estudiar algunas de las reivindicaciones de las asociaciones, singularmente el traslado forzoso de los jueces cuando ascienden a magistrados, motivo de descontento generalizado entre los escalones inferiores de la judicatura.

Fuentes judiciales explicaron que ese traslado forzoso se produce cuando el juez asciende a magistrado y lleva dos o tres años en una localidad en la que suele haberse acomodado. Puede renunciar al ascenso, pero eso implica el estancamiento económico y profesional. El traslado forzoso implica casi siempre ir destinado a esas plazas "a las que no quiere ir nadie" por su peligrosidad (País Vasco), desconocimiento de la lengua autonómica o problemas de escolarización de los hijos en ese idioma (País Vasco y Cataluña), o por su lejanía (Canarias). El juez suele tener que irse solo, a veces, a la otra punta de España, pero lo pasa mal y sólo piensa en cambiar de destino a la primera oportunidad.

Desde el ministerio se ha mantenido el traslado forzoso precisamente para evitar la desertización judicial en algunos territorios, pero las asociaciones reclaman que se incentiven esas plazas, quizá dando algún tipo de preferencia a la hora de elegir los siguientes destinos. Además, las vacantes asignadas forzosamente provocan un buen número de juzgados hundidos, de esos que cambian de juez cada año.

Este primer contacto se produce dos días antes de que las juntas de jueces convocadas para el miércoles decidan si apoyan la huelga prevista para el 18 de febrero por los territorios de Extremadura, Murcia y Zamora. El día 26, el ministerio se reunirá con las asociaciones.