La culpa es del ordenador

No hay más datos oficiales sobre la aplicación de la ley de la Dependencia que los publicados por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte todos los meses. Y en ellos, la Comunidad Valenciana no sale demasiado bien parada. Un ejemplo. Según el último informe, del 1 de enero, sólo hay 34.248 solicitudes presentadas para percibir estas ayudas frente a las 725.411 de toda España (un 4,7%). Castilla y León tiene 33.500 con la mitad de la población valenciana. Otro ejemplo. El número de peticiones ha aumentado de forma muy lenta en seis meses de las 30.757 que había a finales de junio a las 34.248 a finales de diciembre. ¿Cómo se explican estas pobres cifras?

Los datos los envían las propias comunidades autónomas al ministerio a través de un programa informático. Y ahí está el problema, según Bienestar Social: en la incompatibilidad de las aplicaciones de las dos Administraciones públicas. "Hasta que nuestros informáticos no acaben de implantar el programa del ministerio no se actualizarán los datos", apuntan desde el departamento que dirige Juan Cotino, "poco a poco estamos poniendo al día la información".

El retraso de la Generalitat le está costando dinero, según el PSPV

Bienestar Social sostiene que hay miles de solicitudes que no se han podido remitir al ministerio por esto y porque están en proceso de cribaje -"no están completas, están triplicadas, hay que estudiarlas..."-. La consejería se niega a dar la cifra exacta, más allá de apuntar: "Serán unas 20.000 peticiones más", que habría que añadir a la cifra oficial.

¿Y estos problemas informáticos, sólo afectan a la Comunidad Valenciana?. "No lo sé", responden fuentes de la consejería, "aunque otras autonomías han denunciado incidentes similares".

Estas excusas no convencen al diputado socialista Antonio Torres. "En total, debe de haber por lo menos 70.000 solicitudes reales para percibir las ayudas, lo que sucede es que como el ritmo de tramitación y reconocimiento de los beneficiarios es tan lento y la consejería está tan retrasada, sólo saca a la luz las peticiones des que se encuentran al final del proceso y así, aparentemente, su eficiencia en la gestión es mayor".

Torres habla de 70.000 solicitudes porque esta cifra representa el 10% de las presentadas en toda España, y el porcentaje responde al peso de la Comunidad Valenciana en todo el Estado. "Pero probablemente sean más". No sólo la Generalitat es deficitaria en número de peticiones de ayudas presentadas respecto a lo que le correspondería por población, también Madrid. Por ello, "estamos hablando de que la cifra total debería aproximarse a las 900.000 solicitudes, 90.000 de ellas presentadas aquí".

El diputado socialista acusa a la Administración valenciana de perjudicar a los dependientes con este retraso en el reconocimiento y aprobación de peticiones. El Estado aporta una subvención, el llamado nivel mínimo de protección, por cada beneficiario que le comunican las comunidades autónomas, y a menor número de solicitudes reconocidas, menores beneficiarios y menores ingresos. En la última tabla de liquidación de estos fondos, correspondiente a mayo del año pasado, el Gobierno había concedido a la Comunidad Valenciana 1,57 millones de euros por 6.992 beneficiarios. Autonomías mucho menos pobladas, como Extremadura, duplicaban esta cifra con 4.938 ayudas reconocidas y 3 millones de euros distribuidos. Y Castilla y León alcanzaba los 11.270 beneficiarios y 6,7 millones de euros. La agilidad en la gestión tiene su recompensa.

Torres sostiene que este retraso es intencionado. Cuantos más beneficiarios reconozca la Consejería de Bienestar Social más dinero percibirá del Estado, pero más tendrán que aportar las arcas valencianas, ya que la financiación es compartida. "No tienen fondos suficientes, por lo que lo están retrasando todo".

En este cruce de reproches, Bienestar Social replica que el ministerio le debe 5 millones de euros correspondientes a diciembre pasado y que el hecho de no incluir más solicitudes en los listados oficiales del Gobierno "nos esta costando dinero", ya que parte de estos beneficiarios fantasmas reciben ayudas.

"Puede haber problemas informáticos y que se sea más escrupuloso que en otras autonomías a la hora de comprobar y admitir solicitudes", comenta un experto en esta cuestión que prefiere no ser identificado. "Lo que está claro es que el equipo de Cotino desmanteló la estructura que heredó para aplicar la Ley de la Dependencia y le ha costado año y medio levantar otra y ponerla en marcha", sentencia.