El diálogo con Batasuna no será juzgado

El presidente del tribunal tuvo que decirlo dos veces. "El juicio no se celebra. En este momento se acaba el juicio", recalcó el magistrado Manuel Díaz de Rábago pasadas las 9.30 de ayer en la sala noble del Tribunal Superior de Justicia vasco. El proceso penal abierto en abril de 2006 a instancias de Foro Ermua y Dignidad y Justicia contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares por sus reuniones durante la tregua de 2006 con cinco miembros de la ilegalizada Batasuna quedaba archivado.

Pero no hubo unanimidad. Por dos votos (los de los magistrados Juan Carlos Benito-Butrón y Antón Subinas) a uno (el del presidente Rábago), la sala acordó el libre sobreseimiento. De esta manera, ambos magistrados resucitaban la doctrina del Supremo que sirvió para exonerar al banquero Emilio Botín en la causa por las cesiones de crédito; esa doctrina establece que, en los procedimientos abreviados, las acusaciones populares "no están legitimadas" para pedir la apertura de juicio si no acusa también la Fiscalía o la acusación particular de afectados por el delito que se investiga. En el juicio a Ibarretxe sólo había acusación popular: la de Foro Ermua y Dignidad y Justicia.

El tribunal decidió el archivo de la causa por dos votos contra uno

En el fallo del caso Botín, el ponente Enrique Bacigalupo interpretó el artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que si el fiscal y el acusador particular piden el sobreseimiento, lo acordará el juez, lo que excluía, al no citarla, a la acusación popular. Una exclusión "consciente" del legislador, y con justificación "constitucional", argumentaba Bacigalupo.

Era precisamente lo que habían solicitado al inicio del juicio a Ibarretxe, el pasado jueves, la Fiscalía -que en ningún momento vio delito en las reuniones con Batasuna-, la defensa de los socialistas, ejercida por Félix Rojo, y la abogada de los miembros de la izquierda abertzale. Pero el público presente en la sala se quedó pegado a los asientos al oír el fallo difundido por Rábago, quien anunció un voto particular al entender que las acusaciones populares sí están legitimadas para el ejercicio en solitario de la acción penal. Y los ocho acusados tampoco saltaron de alegría.

La interpretación de que el tribunal -compuesto por magistrados ajenos a la jurisdicción penal- no iba a tener "el arrojo" de enfrentarse al criterio de la mayoría de la Sala de lo Civil y Penal, con su presidente a la cabeza, Fernando Ruiz Piñeiro, caía como un castillo de naipes. De hecho, el fallo es un varapalo a los criterios sostenidos por el instructor (Roberto Saiz) y los magistrados de lo Penal del tribunal superior vasco (Fernando Ruiz Piñeiro y Antonio García) durante toda la instrucción, que hasta en seis ocasiones, como recordó el abogado de Ibarretxe, han rechazado archivar la causa. Incluso cuando se conocía, en diciembre de 2007, la sentencia del caso Botín.

El letrado de Ibarretxe, Mikel Casas, que por sorpresa pidió al inicio de la vista oral llevar el juicio hasta el final para obtener una sentencia absolutoria sobre el fondo del caso -el diálogo como instrumento para resolver conflictos- reconocía ayer que el archivo "era una de las posibilidades". Y ese fallo trunca otro objetivo del lehendakari: que el juicio sirviera de altavoz a su precampaña. "Sólo espero que esto no se repita dentro de un año" apuntó Casas. Y concluyó: "¡A ver lo que decide el Supremo! Porque tenemos el antecedente del caso Atutxa". Los que rápidamente entendieron el sentido del fallo fueron los abogados del Foro Ermua, Fernando García-Capelo, y de Dignidad y Justicia, Julio Ferrer Sama. Ambos anunciaron recursos de casación ante el Supremo.

Daniel Portero, portavoz de Dignidad y Justicia, protestó, ya en el exterior del Palacio de Justicia: "Por primera vez en la historia de la democracia española se ha legitimado [en un tribunal] el diálogo con una organización terrorista que se llama Batasuna". Los dos letrados de la acusación esperan que el Supremo vuelva a pensar como en el caso Atutxa. En aquella ocasión, a pesar de que también había únicamente acusación popular, el alto tribunal ordenó la repetición del juicio y posteriormente revocó la sentencia absolutoria al entender que Juan María Atutxa, entonces presidente de la Cámara vasca, desobedeció al Supremo por no disolver el grupo heredero de Batasuna en el Parlamento.

Jone Goirizelaia, abogada de Batasuna, explicaba ayer a Arnaldo Otegi, después de la comparecencia en la que Otegi defendió el diálogo para "resolver el conflicto", que no cree que el Supremo vaya a dar un revolcón al tribunal. Fuentes del Supremo apuntaron que la decisión se tomara previsiblemente en otro pleno de la Sala de lo Penal que podría celebrarse "antes del verano".

Suspendido el juicio contra Ibarretxe y López