La oposición vecinal rebrota en Barcelona

Cuando se cumple año y medio del actual mandato municipal, el alcalde Jordi Hereu se enfrenta a problemas vecinales, en su mayoría relacionados con el reordenamiento urbano, en muchos de los distritos de la ciudad. Por ejemplo, la recalificación propuesta por el Barça en Les Corts, el plan de mejora del Carmel y la montaña rusa del Tibidabo, puesta en marcha la pasada Navidad. Fuentes del equipo de gobierno consideran que son cuestiones baladíes, pero no todo el mundo lo ve igual. Eva Fernández, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, estima que son problemas que rebrotan cíclicamente porque el Consistorio no los acaba de cerrar. "La crisis ha puesto en duda un modelo de ciudad megalómano y de crecimiento urbanístico sin límite. Ahora hay que dar solución a los problemas de las personas afectadas por la crisis", sostiene Fernández.

Los vecinos cuestionan un modelo de ciudad "megalómano" La recalificación del Miniestadi es uno de los mayores frentes del Consistorio

El alcalde y el teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon García-Bragado, mantuvieron el jueves pasado una larga reunión con Fernández para repasar problemas de la ciudad. Joaquim Forn, de CiU, avisa que muchos de los casos están "enquistados" y reflejan la incapacidad del bipartito para dialogar: "Su modelo de ciudad está agotado. Ahora van a nombrar secretarios técnicos (uno por cada uno de los 73 barrios) en los distritos, que serán comisarios políticos". Éstos son algunos de los conflictos.

- Les Corts y el Barça. La futura recalificación del Miniestadi es uno de los problemas de mayor calado. El Consistorio y el Barça alcanzaron en septiembre un acuerdo que preveía la construcción de 1.600 pisos. La decisión fue acogida con ira por la coordinadora vecinal, que tacha el plan de especulativo. La concejal Montse Sánchez dice que la recalificación no está decidida y ha impulsado una mesa de participación ciudadana. El día de su constitución fue un fiasco: cuatro de seis asociaciones de vecinos se retiraron y sólo se quedaron las de Sant Ramon y Fígols, y cuatro entidades más, entre ellas la plataforma de disminuidos y de invidentes de Les Corts. La coordinadora rechaza la mesa porque, según Adela Argelet, la portavoz, la recalificación está pactada y sólo queda la movilización. La federación de vecinos sostiene que desde el primer proyecto, Barça 2000, hasta ahora no ha habido ninguna planificación en Les Corts sobre las necesidades del distrito y que el problema sigue intacto.

- La montaña rusa. El Ayuntamiento ha inaugurado la montaña rusa más polémica de todos los tiempos. Resignados a su suerte, los vecinos han acogido desolados la tala de encinas, que se elevan a más de un centenar, aunque el Ayuntamiento reduce la cifra a 36. Fuentes municipales atribuyen la oposición a una simple postura elitista de quienes viven en Collserola, que, añaden, creen que la montaña es suya y no quieren que se popularice. La insinuación incendia a SOS Tibidabo y revela que el Ayuntamiento no entiende que alguien quiera preservar la naturaleza y defienda el ecologismo por encima de intereses privados. Grupos de vecinos se han manifestado en Vallvidrera, por otra parte, por incidentes causados por menores en los centros El Bosc y Vilana.

- La nueva plaza de Lesseps. La nueva plaza de Lesseps ha generado tal impacto que ha dividido a los vecinos de la plaza. La plataforma Una altra plaça és possible ha quedado tan satisfecha que se ha disuelto, pero se ha creado otra muy crítica con la reforma. Los vecinos lamentan la falta de áreas verdes, que no se haya recuperado la pendiente natural, y el exceso de hierro de un monumento para muchos incomprensible. El Ayuntamiento cree que el proceso participativo fue "impecable", pone como ejemplo la disolución de la plataforma inicial y quiere dialogar con el nuevo colectivo que aspira a mejorar la plaza. "La participación vecinal la hizo Itziar González [edil de Ciutat Vella] y la hizo bien", dice Forn. "El problema es que luego el tema pasó a Urbanismo y la solución fue otra", añade.

- El hotel del Palau. Ciutat Vella se enfrenta a problemas endémicos como la especulación en la Barceloneta y el Raval, donde hay un repunte de los casos derivados del tráfico de drogas y la prostitución. Las mismas mujeres se quejan del acoso policial tras la apertura de un hotel de lujo en la Rambla del Raval. Y está el espinoso tema del futuro hotel junto al Palau de la Música, promovido por el Orfeó y el propio Palau. La Generalitat ha obligado al arquitecto Óscar Tusquets a reformar el proyecto que preveía derribar fincas modernistas. Los vecinos lamentan que se les invite a debatir el asunto cuando la decisión de instalar el hotel ya era irreversible. Tras el proceso participativo, muy crítico con el hotel, el distrito de Ciutat Vella ha pedido a Urbanismo que pare el proyecto y lo limite a criterios de "sostenibilidad" para conseguir "la confluencia y voluntad de las partes". Urbanismo tendrá la palabra.

- La paciencia de Sants. Si eternas fueron las obras del AVE, aún lo serán más las del recubrimiento del cajón de las vías que ha alterado de arriba abajo la vida de Sants. No son buenos tiempos para el distrito de Sants-Montjuïc. A las quejas por la falta de aparcamientos se sumaron las del barrio de La Satalia, en la falda de la montaña. El Consistorio ha querido convertir en peatonal la calle de Margarit, la única que da acceso al pintoresco barrio, y se empeñó en dejarla en cuatro metros de ancho. "Al final será de cinco, pero nos ha costado un esfuerzo desproporcionado", dice Ana Menéndez, portavoz vecinal, criticando el poco diálogo de la edil Inma Moraleda, defensora del proyecto para ganar espacio, también en este caso extremo, para el peatón a costa de los coches.

- Los afectados del Carmel. El Ayuntamiento aprobó en julio el Plan del Carmel, que afecta a 1.300 personas que se verán expropiadas. Más de 500 familias perderán su vivienda y acabarán en un piso puente hasta que se les dé uno definitivo. "Soy uno de los afectados y tengo claro que en el Carmel no se ha hecho nada en 50 años y que necesitaba una reforma, pero no a ese precio", afirma Pere Ferrer, portavoz de la coordinadora, que agrupa a nueve plataformas. El 65% de los afectados han presentado alegaciones. Los vecinos temen tener que poner dinero tras la expropiación. El Ayuntamiento ha calculado la indemnización a 1.600 euros por metro cuadrado, cuando el precio en el mercado es de 3.200. A esa cantidad, hay que sumar que los afectados tendrán que costear una plusvalía y que, además, se les descontarán 900 euros de alquiler por el piso puente. "Tenía un piso pagado y sin cargas, y quiero otro igual", dice Ferrer. Algunas entidades comerciales, sin embargo, defienden el plan.