Madoff y la confianza del ahorrador

Confianza es la palabra más repetida en las últimas semanas para describir la crisis financiera y como receta para su superación.

Habrá que hacerlo en primer término entre los operadores financieros, pero, sobre todo, a medio plazo entre los ciudadanos. ¿Cómo conseguir que los pequeños ahorradores sigan, por ejemplo, pagando la cuota de unos fondos de pensiones cuya gestión diaria es desconocida para la mayoría de los humildes ahorradores, cuando luego resulta que -¡cosas de la globalización!- engrosaron la cuenta de estafados por un tal Madoff en Estados Unidos?

Los escándalos de Enron o de Gescartera dejaron ya entrever la necesidad de edificar la confianza en los profesionales financieros sobre unas bases más sólidas. La Unión Europea puso entonces en marcha toda su maquinaria legislativa y, al leer hace unos días que los inmuebles de una conocida empresa en crisis habían sido valorados en exceso hasta en un "19.000 por ciento", cualquiera podría preguntarse por el resultado de ese esfuerzo: ¿qué habrán dicho los auditores de la empresa sobre esas valoraciones?

No cabe duda de que lo inmediato es reconstruir el sistema financiero, insuflar oxígeno a la dañada economía y ayudar a superar la crisis a los ciudadanos que más sufran sus consecuencias. Sin embargo, no puede pasar mucho tiempo sin que se afronten sus causas más profundas. Más allá de una mejor regulación de los riesgos y de la solvencia de las empresas, ¿no deberíamos velar también por la solvencia ética u honestidad de profesionales?

Justo es que quienes han actuado de forma delictiva rindan cuentas ante la justicia penal y que respondan con su dinero de las responsabilidades en que hayan incurrido. Pero no podemos confiarlo todo a la reacción penal. De poco sirve esa respuesta a los modestos ciudadanos perjudicados. Poco consuelo es el tardío castigo penal ante el imprescindible desvío de los escasos recursos públicos. (Que muchos aceptemos como irremediable el uso de dinero público para reflotar el sistema financiero no significa que nuestra moral cívica no nos interpele al pensar que sólo una parte de esos fondos podría haber aliviado la pobreza en el mundo o mejorado la educación).

No. La sanción penal y las responsabilidades patrimoniales, aunque necesarias, no son la única ni la mejor respuesta para evitar estos escándalos. Habrá que pensar en otros remedios preventivos que impidan el acceso y la permanencia en el mercado de los profesionales deshonestos o temerarios.

Pues resulta que en todos los ordenamientos de los países de nuestro entorno, incluido Estados Unidos, con una u otra denominación y con una regulación sin duda mejorable, disponemos de algún instrumento para lograr dicho objetivo. Hace tiempo que las profesiones vinculadas al mercado financiero están reservadas por ley a personas que acrediten su buena reputación profesional u honorabilidad. Aunque da la sensación de que en los últimos años hayamos confundido, aquí y allá, la buena reputación profesional con el handicap del golf, las relaciones familiares o la condición de afamado cantante jubilado. Por lo que vamos leyendo, el señor Madoff es un claro ejemplo de un individuo con una elevada imagen social, pero también con una reputación profesional que ha despertado dudas, sobre las que los supervisores competentes prefirieron no investigar mucho deslumbrados por su imagen social.

Buena reputación profesional que implica el deber de actuar no sólo con respeto a las leyes, sino también a las "buenas prácticas comerciales y financieras". No basta con no cometer infracciones administrativas o penales; se exige, al menos en la letra de las leyes, algo más. Francamente, va siendo hora de aplicarlo, con todas las garantías, pero con eficacia. Mientras nos atengamos a lo puramente sancionable sin exigir ese plus de buen ejercicio profesional, poco avanzaremos en la recuperación de la confianza en los profesionales.

Un ejemplo. Cuesta aceptar que un empresario del transporte esté sujeto a un visado de su licencia cada dos o cinco años, donde debe acreditar, entre otras cosas, su buena conducta profesional y que, al mismo tiempo, en ámbitos de mayo riesgo, como la banca o los servicios de inversión, una vez en el mercado, sólo la condena penal o la sanción de inhabilitación sirvan en la práctica para expulsar al profesional deshonesto.

Necesitamos también supervisores de prestigio. Sobre los supervisores recae, en gran medida, la garantía de la confianza, y poco podrán hacer a favor de ésta si no se percibe que pueden reaccionar a tiempo y con eficacia. Tiempo hay de reflexionar sobre sus reformas y su necesaria dimensión internacional. Mientras, utilicemos las autoridades que tenemos y que tienen que ser fortalecidas. Fortalecer a los supervisores significa, en primer término, que quienes ocupan esas funciones deberán ganarse y renovar la confianza de los ciudadanos con su competencia y su actuación. Sin estridencias, pero al mismo tiempo sin clamorosos silencios, como el que ha beneficiado al señor Madoff.

Tener unos profesionales más íntegros y unos supervisores más eficaces es una meta difícil de conseguir en una realidad compleja, en la que el pequeño ahorrador ha adquirido, casi sin saberlo, una dimensión global. Sin embargo, las dificultades no nos eximen de nuestra responsabilidad como ciudadanos de luchar por alcanzar dicho objetivo.

Fernando Irurzun Montoro es doctor en Derecho.