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El abogado foral en el 'caso Irún' cesó tras negarse a pedir más imputaciones

Palacio, contratado por la Diputación, estimó que no había pruebas suficientes

La decisión del prestigioso letrado José Ricardo Palacio de abandonar la causa por el fraude en la Hacienda de Irún, en la que defendía a la Diputación de Guipúzcoa, estuvo motivada exclusivamente por su negativa a solicitar la imputación de cuatro personas más, como pretendía a toda costa el Departamento de Hacienda. El titular de esta cartera explicó en su día que la "renuncia" del abogado se debió a "diferencias en los criterios legales" a la hora de ejercer la acusación particular, sin dar mayores precisiones. Sin embargo, Palacio ha reconocido por escrito que su "cese" se produjo por negarse a pedir las nuevas inculpaciones, porque, según su criterio profesional, no existen "pruebas suficientes" para sustentarlas.

Presidencia aseguró que el letrado se fue "por motivos profesionales"

La Diputación busca un nuevo penalista para llevar la acusación

En un cuestionario entregado por Palacio en noviembre pasado a requerimiento de las Juntas Generales de Guipúzcoa, el letrado afirma categóricamente que sus desavenencias con el Departamento de Hacienda tienen su origen en la pretensión del diputado del ramo, Pello González (EA), de ampliar la denuncia por el fraude a cuatro personas más. En la actualidad, el principal acusado es el ex director de la oficina de Irún José María Bravo, considerado el presunto cerebro de una trama que habría dejado de ingresar 8,1 millones en las arcas forales y se habría apropiado ilícitamente de 1,6 millones de cobros a contribuyentes morosos. También están imputados su esposa, Rosa Cobos, Pilar Gracenea, trabajadora de la oficina de Irún, y Pedro María Atristain, socio del primero.

El departamento de Hacienda anunció el pasado 5 de septiembre su intención de solicitar la imputación de otras personas "tras un exhaustivo análisis de toda la información relativa al caso" de la Hacienda de Irún. Así se recoge en otro cuestionario cumplimentado por el diputado González y al que ha tenido acceso este diario.

Tras un estudio jurídico, el abogado penalista contratado por la Diputación elaboró un informe en el que desaconsejaba emprender esta acción, al considerar que las pruebas contra estas personas eran insuficientes. Pese a ello, el departamento siguió adelante con su iniciativa de poner "toda la información relevante" sobre ellas "en manos del juez".

Palacio reconoce en su escrito que, mientras duraron estos desacuerdos con Hacienda, su "interlocutor técnico" fue el diputado González. Esa relación se mantuvo "hasta pocos días antes de mi cese", explica el abogado, quien añade que el último contacto con él fue "una entrevista personal" celebrada el 14 de octubre. Diez días después, los medios informativos daban a conocer la noticia de la ruptura de la relación contractual entre Palacio y la Diputación guipuzcoana. La Hacienda se ocupó entonces de insistir en que se trataba de una "renuncia" del letrado tras producirse "desajustes de criterio".

La diputada de Presidencia, Edurne Egaña, compareció en las Juntas el pasado 28 de octubre para explicar lo ocurrido. Se limitó a manifestar que Palacio abandonó el procedimiento por "motivos profesionales". No dio más explicaciones, aunque quiso destacar que la labor desempeñada hasta entonces por Palacio había sido "buenísima y excelente".

El diputado González no fue tan elogioso con el reputado penalista vizcaíno. En su escrito entregado a las Juntas el pasado 12 de noviembre, el titular de Hacienda evitó pronunciarse sobre el trabajo desarrollado por Palacio: "Desde mi posición competencial, creo que ni debo ni, además, quiero entrar a valorar la profesional del anterior letrado".

Al día siguiente de conocerse la noticia del abandono de Palacio, por medio de sus servicios jurídicos, la Diputación hizo entrega en el Juzgado número 2 de Irún, encargado de instruir este caso, la documentación para imputar a cuatro personas más. La Fiscalía sólo vio indicios de posible delito en una de ellas, Juan Pardo, el inmediato superior de José María Bravo en Hacienda cuando se produjo la malversación económica. El juez aún no se ha decidido si le cita como acusado.

Entretanto, la acusación particular que ejerce la Diputación en esta causa ha quedado, de forma transitoria, en manos de los servicios jurídicos forales. El Departamento de Presidencia, continúa tratando de encontrar un sustituto a Palacio. Al parecer, está elaborando una lista de abogados para que el Departamento de Hacienda pueda elegir el que más le convenza.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de enero de 2009