Columna
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Las aguas vuelven a su cauce

La financiación es el único momento de ejercicio del derecho a la autonomía que no se articula exclusivamente mediante el juego conjunto de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, sino que entre la primera y el segundo se interpone la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Es la interpretación que hace la LOFCA de la Constitución y de los estatutos la que acaba estableciendo la financiación de las comunidades autónomas. En esto la financiación se diferencia de todos los demás momentos de ejercicio del derecho a la autonomía.

La interpretación que hace la LOFCA de la Constitución y los estatutos es, además, una interpretación que, aunque formalmente la hacen las Cortes Generales, que son las que tienen que aprobarla como ley orgánica, materialmente la hace el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es un órgano no contemplado en la Constitución sino creado por la propia LOFCA, integrado por los ministros de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas y por los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas. El modelo de financiación se define en el Consejo, y las Cortes se limitan después a darle el carácter de ley orgánica.

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De esta manera se ha ido dando respuesta al problema de la financiación del Estado Autonómico desde la entrada en vigor de la Constitución. De ahí que se pueda considerar prácticamente irreversible este procedimiento. No está establecido por la Constitución, pero es la interpretación ininterrumpida que se ha acabado imponiendo del contenido y alcance del artículo 157.3 de la Constitución. Tendría que producirse un cataclismo inimaginable para que se hiciera de manera diferente.

Esta es la razón por la que la definición del modelo de financiación no puede ser resultado de una negociación bilateral, sino que tiene que serlo siempre de una negociación multilateral. El ruido sobre el bilateralismo ha sido tan ensordecedor desde que se inició el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que ha hecho que se perdiera de vista lo esencial en lo que a la definición del modelo de financiación se refiere.

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Al final, cuando se tiene que llegar a la decisión definitiva, las aguas están volviendo a su cauce. Tanto en lo que a las reuniones preparatorias entre el presidente del Gobierno de la nación y los presidentes de las comunidades autónomas se refiere, como en la fijación definitiva del modelo que el vicepresidente presentará al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su aprobación.

Llegados a este punto, se impone la reflexión de que la presión que se ha ejercido desde Cataluña para mejorar su financiación no le ha beneficiado a ella sola, sino que ha beneficiado a todas las demás comunidades autónomas. Es lo que ha venido ocurriendo desde 1993. Sería conveniente, en consecuencia, que en el futuro, puesto que el modelo que se va a aprobar tendrá que ser revisado en algún momento, no se volviera al anticatalanismo tan primario que hemos padecido en estos últimos años. El impulso para la reforma ha sido catalán, pero las consecuencias de la misma se han extendido por toda España. La valoración de Esperanza Aguirre del nuevo modelo habla por sí misma.

Creo que también resulta oportuno recordarle a los dirigentes del Partido Popular que las reglas de negociación de la financiación autonómica son las mismas que presidieron la financiación de 1996 y 2001, cuando ellos ocupaban el Gobierno de la nación. Tanto Mariano Rajoy como Cristóbal Montoro, que participaron personalmente en aquellas negociaciones, saben que la negociación de la financiación no es una negociación entre partidos, sino una negociación entre Gobiernos, el de la nación, por un lado, y los de las comunidades autónomas, por otro.

En lo que a la financiación se refiere, el Consejo de Política Fiscal y Financiera es una suerte de cámara territorial. Son el Estado y los diferentes territorios los que tienen que consensuar una respuesta común a la financiación del Estado Autonómico, que es tanto financiación del Estado como de las comunidades autónomas.

No es razonable, por tanto, que los dirigentes populares reclamen ahora que la negociación del modelo de financiación sea una negociación entre PSOE y PP y que se dé traslado después del resultado de esa negociación a las comunidades autónomas como un hecho consumado. Eso choca contra toda la lógica que preside la descentralización política de nuestro Estado. Las reglas hay que aceptarlas no solamente cuando se está en el Gobierno sino también, y sobre todo, cuando se está en la oposición. Es más agradable hacerlo en un caso que en otro, pero las cosas son como son.

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