Andalucía ya gestiona el Guadalquivir

El Guadalquivir, el río que mejor vertebra e identifica a la comunidad, se gestiona ya desde Andalucía. Ayer día 1 de enero se hizo efectivo oficialmente el traspaso de la cuenca del Guadalquivir que el Gobierno central y el autonómico rubricaron el pasado mes de septiembre, el primero de una cuenca intercomunitaria aprobado en España. La participación de Andalucía en la cuenca es del 90,22%, frente a pequeños porcentajes de Castilla-La Mancha, Extremadura o Murcia, pero el 97,4% de la población y el 99,2% de los usos del agua están en Andalucía.

La Agencia Andaluza del Agua, creada hace tres años, se convierte ahora en el instrumento sobre el que van a pivotar todas las políticas hidráulicas de la región a partir de una nueva estructura territorial. Así, las cuencas Mediterránea y Atlántica pierden autonomía propia y su gestión queda encomendada a técnicos. En su lugar se crean cuatro distritos: los del Guadalquivir, Mediterráneo, Huelva y Cádiz, los dos últimos desglosados de la antigua cuenca Atlántica.

El coste neto de la transferencia asciende a 123 millones de euros

Además, se crean tres nuevas direcciones generales -las de Servicios y Régimen Económico, la de Planificación y Participación y la de Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas- que se unen a la de Infraestructuras y Explotación, todas ellas supervisadas desde la Agencia Andaluza del Agua, cuyo hombre fuerte es su director-gerente, Jaime Palop.

"Con esta estructura se gana en una gestión más cercana, pero al mismo tiempo se garantiza la unidad de cuenca", señala la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo.La responsabilidad política en el tema del agua se reserva en cada provincia a los delegados provinciales de Medio Ambiente, que asumen competencias tales como el tema presupuestario o el régimen sancionador.

La nueva administración hidráulica de la comunidad ha sido, precisamente, la excepción al consenso alcanzado entre el Gobierno andaluz y el resto de agentes sociales en el Acuerdo Andaluz del Agua, que es el embrión de la futura Ley del Agua.

Las discrepancias vienen, principalmente, de los regantes y los agricultores, un sector estratégico ya que son el destino de más del 80% de los usos del agua. Margarita Bustamante, presidenta de la federación de regantes Feragua, recela del nuevo modelo que, en su opinión, provincializa la gestión. "Con la creación de direcciones provinciales, cuyos titulares son los propios delegados de Medio Ambiente, no sólo se quiebra el principio de unidad de cuenca, sino que además se añaden matices políticos a la gestión, haciendo prevalecer lo político sobre lo técnico".

Feragua defiende que la gestión del agua debe realizarse conforme a las fronteras naturales, y no atendiendo a fronteras de carácter administrativo y político como son las provincias.

Además, Feragua alerta sobre las consecuencias de lo que entiende como duplicación de funciones entre los delegados de Medio Ambiente y los directores generales. "Sabemos", explica Bustamante, "que la gestión de los recursos hídricos en Andalucía es muy difícil, pero si además se hace desde estructuras administrativas duplicadas o solapadas, sin la definición clara de una unidad de mando o dirección, la gestión se convierte en insostenible y las tensiones territoriales aparecerán muy pronto".

En parecidos términos se expresa el responsable del agua de COAG, Rafael Civantos. "Las delegaciones provinciales deberían ser la garantía de cercanía al ciudadano, debiendo las políticas centrales regir sobre todas las cuencas andaluzas, independientemente de que se consideren las características específicas de cada una".

El coste efectivo del traspaso del Guadalquivir a Andalucía asciende a 123 millones de euros, aunque si se resta el importe de los ingresos por tasas y cánones que reporta el ejercicio de las funciones que se traspasan -evaluados en 52,5 millones- el coste neto se reduce a algo más de 70 millones.

La Agencia Andaluza del Agua pasa a gestionar una plantilla de más de 1.600 trabajadores tras asumir 730 nuevos empleados procedentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (249 de funcionarios y 481 de personal laboral), una cifra inferior a los 849 contemplados en el acuerdo aprobado en octubre por el Consejo de Ministros.

No obstante, el patrimonio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que ahora asume la Agencia Andaluza del Agua asciende a más de 2.150 millones de euros y su presupuesto anual supera los 440 millones, de los que más de 200 se destinan a inversiones.