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Editorial:

La lacra que no cesa

Se impone un balance político de los aciertos y fallos de la Ley contra la Violencia de Género

De atender sólo al dato de mujeres muertas por actos atribuibles a violencia machista, pocas dudas caben de que la Ley Integral contra la Violencia de Género no ha supuesto un avance en la erradicación de esta lacra. 2008 ha concluido con 73 mujeres asesinadas a manos de su pareja o ex pareja, una menos que el año pasado. Lo más preocupante es que la cifra se mantiene prácticamente igual desde la entrada en vigor de la ley, hace cuatro años, y que incluso supera la media de las mujeres asesinadas en los años inmediatamente anteriores.

El siniestro cómputo es engrosado cada vez más por víctimas de parejas extranjeras, procedentes de sociedades culturalmente patriarcales y de rasgos más marcadamente machistas que la española actual. Aumenta el número de agresores foráneos y resulta anómalo, hasta configurarse como un problema específico, que en colectivos que representan el 12% de la población se produzcan casi la mitad de las víctimas mortales de la violencia de género. Al margen de explicaciones culturales, es un indicio de la situación de especial sumisión y de la ausencia de una red familiar de amparo que sufren muchas de esas mujeres, que las convierte en víctimas preferentes, en ocasiones también de maltratadores autóctonos. Lo que sugiere, a su vez, la necesidad de programas de atención y prevención dirigidos a estos colectivos concretos.

La Ley contra la Violencia de Género ha servido, sin duda, para hacer aflorar la violencia machista. Cada vez son más las mujeres que se atreven a denunciar su situación de maltrato, y las posibles denuncias falsas no son argumento válido para desprestigiarla. Corresponde a los jueces detectarlas y sancionarlas, como ocurre en el conjunto del sistema penal. Pero quizás sea tiempo de que los responsables políticos comiencen a hacer un balance global tanto sobre sus aciertos como sobre sus fallos o estrategias equivocadas. Existen críticas fundadas a la orientación de la ley en aspectos concretos que habría que valorar.

A la ley, publicitada antes de tiempo como un hito, le resta todavía un buen trecho para disponer de los medios previstos, tanto judiciales como sociales y educativos. Lo cual hace que se resalten sus aspectos más represivos y estrictamente penales, en detrimento de las terapias rehabilitadoras del maltratador que deben acompañar a su condena.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de diciembre de 2008