Industria se niega a limitar el plazo para legalizar canteras

En Galicia funcionan cerca de 300 canteras sin los papeles en regla, un 65% del total, y el problema, denunciado desde hace años por ecologistas, vecinos y empresarios mineros, tiene visos de perpetuarse. Así lo advierte el Valedor do Pobo, Benigno López, que abrió hace unos meses una investigación de oficio para que se ponga fin a estas irregularidades. La institución ha recomendado siete medidas a las consellerías de Política Territorial, Medio Ambiente e Industria, pero esta última discrepa con una de ellas.

El departamento del nacionalista Fernando Blanco le ha comunicado al Valedor que no está dispuesto a limitar el plazo temporal para que los yacimientos legalicen su funcionamiento, una negativa que, a juicio de López, "trae como consecuencia que la situación de indefinición [del sector] continúe y que no se encuentren medidas respecto a un número considerable de explotaciones sin licencia". La institución asegura que la falta de plazos para lograr los permisos propiciará que en el futuro cualquier cantera sin licencia a la que la Administración quiera sancionar pueda acogerse a un proceso de legalización y eludir así las multas.

Al Parlamento

La actitud de Industria llevará al Valedor a dedicarle un "comentario crítico" en el próximo informe que remitirá al Parlamento. La consellería, a través de una portavoz, aseguró desconocer el disgusto del Valedor do Pobo con su política minera y eludió ofrecer información sobre las carencias en el proceso de legalización de canteras que apunta la institución hasta que Benigno López las eleve a la Cámara gallega.

El Valedor ha cerrado ya la investigación con siete recomendaciones a la Xunta para "aclarar la situación de las explotaciones mineras". Las consellerías de Medio Ambiente y Política Territorial han aceptado elaborar un plan de inspección para establecer qué canteras se encuentran en situación irregular y emitir los 29 informes pendientes sobre yacimientos ubicados en espacios protegidos. Industria ha accedido también a elaborar otro "plan de inspección" e impulsar "medidas que garanticen el interés público a la hora de aplicar la Lei de Ordenación Mineira de Galicia".

Según cálculos de la Cámara Oficial Mineira de Galicia, en las oficinas de la Xunta se amontonan unos 300 expedientes de empresas que piden desde 2004 que la Xunta legalice su explotación. Para explicar tal descontrol, fuentes del Gobierno gallego explican que la Lei do Solo aprobada en 2002 prohibió ubicar explotaciones en suelo rústico de especial protección agropecuaria y forestal y obligó a que las empresas ya emplazadas en estos terrenos sin licencia municipal tramitasen un permiso ante la Dirección Xeral de Urbanismo.

Según admiten desde la sede del Valedor do Pobo, los departamentos de la Xunta implicados en la ordenación del sector minero no han aportado prácticamente datos concretos sobre la situación legal de estas explotaciones.