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Editorial:

Sumas y sumandos

La financiación autonómica avanza en la fase bilateral, pero falta trecho por recorrer

La discusión sobre el nuevo modelo de financiación autonómica ha desencallado. Las reuniones bilaterales del jefe del Ejecutivo con presidentes autonómicos, iniciadas con el catalán José Montilla y el andaluz Manuel Chaves, parecen dibujar terrenos comunes y la existencia de suficientes mimbres con los que tejer el cesto, aunque falte todavía un trecho hasta el acuerdo final, como enfatizan los dirigentes catalanes. Tiene su fundamento el temor a que las promesas a cada autonomía se conviertan en sumandos de una adición imposible en el momento en que se junten todas, por más rotas que estén a estas alturas las barreras para los déficits públicos.

El vericueto más oportunista ha sido el protagonizado por la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que después de cargar contra el "traje a medida" presuntamente confeccionado por Zapatero para Cataluña, se ha mostrado encantada de enfundárselo ella misma. Su apoyo a los principios presentados por Zapatero tiene al menos la virtud de situar este momento del proceso donde debe estar: en la negociación, a la par bilateral y multilateral, entre instituciones, evitando el secuestro de las autonomías por los partidos, contra lo que ha reclamado Cristóbal Montoro. Sólo falta que la presidenta madrileña se aplique a sí misma ese mismo principio, en asuntos como el de la lucha por el poder en Caja Madrid, una institución cuyo secuestro no corre a cargo de los partidos, sino de facciones locales enfrentadas, entre ellas la encabezada por su presidenta.

El esquema de financiación autonómica de Zapatero exhibe, entre otros, tres elementos sensatos. Uno, la mejora financiera de todas las autonomías en términos absolutos, lo que es justo, porque han aumentado sus competencias y su gasto estructural. Dos, la hegemonía del criterio de población y su actualización permanente. Y tres, la nivelación parcial de los recursos, como reclamaba el Estatuto de Cataluña, de modo que la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales básicos no sea un igualitarismo aparente que esconda desequilibrios y castigue a los territorios más dinámicos y poblados. El criterio de suficiencia debe sustanciarse en un aumento notorio de los recursos globales destinados al sistema, pero no para contrarrestar el imprescindible reconocimiento al esfuerzo fiscal (y no al laxismo) de cada comunidad. Queda aún trecho y los demonios acechan en los detalles. Pero al fin parece que las cosas se estén encarrilando.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de diciembre de 2008