La Cámara sanciona la falta de control en el Guggenheim

Al final, el pleno en el que se dilucidaba el caso Guggenheim resultó de alto voltaje, con descalificaciones muy gruesas. Especialmente, las que espetó la parlamentaria del PNV, Leire Korrales, quien en su defensa de la consejera de Cultura, Miren Azkarate, y del director general del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, llegó a acusar a los partidos que apoyaron el dictamen (todos menos el PNV y EB) y los trabajos de la comisión parlamentaria de investigación de "juicio sumarísimo" y "proceso inquisitorial" destinado a "generar cadáveres políticos". El dictamen, que censura a los gestores del museo, pide la renovación de los consejos de administración de sus dos sociedades y eleva hasta 8,4 millones de euros las pérdidas por la ruinosa operación de compra de dólares para adquirir obras de arte, salió adelante con los votos de socialistas, PP, EHAK, EA y Aralar.

El Parlamento exige un nuevo modelo de gestión para las sociedades públicas

El Parlamento critica con dureza la "opacidad" y falta de control en la gestión financiera de la pinacoteca y, apunta, de forma reiterada, la responsabilidad de Vidarte al ser su máximo gestor. Para la Cámara, el desfalco de 557.000 euros cometido y confesado por el ex director financiero Roberto Cearsolo y la pérdida de 8,4 millones de euros al comprar la divisa americana -las dos cuestiones que centraban el trabajo de la comisión- se explican, en gran medida, por la actitud de Vidarte, quien "conocía y consentía" la gestión financiera "fuera de todo control" de su hombre de confianza. En definitiva, la Cámara achaca el desfalco (perpetrado a lo largo de diez años) a la habilidad delictiva de Cearsolo, al exceso de confianza por parte de Vidarte y a los pésimos controles o, mejor dicho, a la ausencia de éstos.

El dictamen final carga contra Vidarte, a quien reprocha "una falta de capacidad profesional", de control en la acción de sus subordinados, de tutela de los bienes del museo y de una gestión adecuada. También reparte culpas con los responsables del Gobierno en los consejos de administración de las sociedades Tenedora (dedicada a la compra de las obras de arte) y la Inmobiliaria (que gestiona la propiedad del edificio de Gehry), porque en ningún momento exigieran explicaciones a los directivos del Guggenheim por sus decisiones. Los consejos se daban por enterados en ocasiones mediante una simple información verbal de Vidarte.

El Parlamento diferencia dos asuntos claramente: el desfalco cometido por Cearsolo entre 1998 y 2005, y la operación cambiaria para comprar La materia del tiempo, el conjunto de esculturas de Richard Serra por el que se pagaron en 2004 algo más de 16 millones de euros. Cada uno tiene un tratamiento específico, porque aun cuando la conclusión final es la misma, que fallaron los controles, en uno además hay un componente delictivo (actuación de Cearsolo) y en otro (compra de dólares) incapacidad profesional.

Todo comenzó en 1998, cuando las sociedades Tenedora e Inmobiliaria eluden someterse a auditorías, a propuesta de Cearsolo. Aceptar esta sugerencia de su mano derecha, fue el principio del desastre para Vidarte. Desde ese momento, Cearsolo campó a sus anchas por las cuentas y comenzó a detraer fondos de estas entidades, sobre las que tenía un control absoluto. Vidarte depositó en su subordinado "una confianza excesiva", lo que le convirtió en la práctica en el único interlocutor con las entidades bancarias. Esta circunstancia, concluye el Parlamento, posibilitó el desvío de fondos por parte de Cearsolo al no "establecerse en paralelo ningún sistema de control reglado".

En cuanto a las pérdidas por el cambio de divisas, la Cámara tacha la operación de "especulativa, innecesaria e imprudente", al realizarse con más de un año de antelación con respecto al primer pago de las esculturas de Serra. El museo compra sus obras de arte en dólares por lo que, en principio, es razonable que se aprovisione de dólares. El problema es que los compró antes de necesitarlos porque temía un repunte de la moneda americana frente al euro. Pero se produjo todo lo contrario: el dólar se depreció. El dictamen enfatiza el "cúmulo de desaciertos de la operación" y destaca que no contó con el asesoramiento del BBVA ni del comité asesor del museo en materia de finanzas, tal y como ha defendido Vidarte. Además, una vez realizada la primera compra de dólares, saldada con unas cuantiosas pérdidas, se continuó ampliando la operación hasta perder un total de 8,4 millones de euros de las arcas del museo.

El varapalo a Vidarte y a Azkarate, en su condición de presidenta de los consejos de administración de las dos sociedades, fue a más en las intervenciones de los parlamentarios de la oposición. La conclusión se puede sintetizar en una frase de la socialista Isabel Celaá: "El Guggenheim ha sido un museo público a la hora de ingresar dinero y privado a la hora de responder al control".

Y esa aseveración resume la principal recomendación del Parlamento: un nuevo modelo de gestión para las sociedades públicas, donde se impongan los mismos controles que se siguen en la Administración. El hecho de que ninguna institución pública disponga de más del 50% del capital en esas sociedades, les permite eludir los controles que se aplican al resto, desde auditorías hasta la selección de personal. La representante de EA, Onintza Lasa, centró en esa reclamación su mensaje. Eludió cargar las tintas sobre Azkarate o Vidarte y consideró que las acciones de Cearsolo y la fallida compra de divisas se debieron a que el modelo deja "rendijas" para esas actuaciones. Desde EB, su portavoz José Miguel Fernández, apeló también a otro modelo de gestión, pero cargó contra PSE, PP y EHAK por obsesionarse con Vidarte y Azkarate.