¿Y adónde irán los presos de Guantánamo?

El pueblo de Kansas al que el equipo de gobierno de Barack Obama estudia trasladar los presos de Guantánamo se encuentra en plena rebeldía. Desde que los asesores del presidente electo de Estados Unidos filtraron la noticia a principios de mes, la alcaldesa de Fort Leavenworth y dos congresistas que representan a Kansas a escala nacional se han unido a las protestas de los residentes, que interpretan la medida como una invitación a que su pacífico pueblo se convierta en el blanco del terrorismo internacional.

Cerrar la prisión de Guantánamo, símbolo del oprobio mundial en el que ha caído EE UU en la Administración de Bush, es una prioridad declarada de Obama. Esta misma semana, el Pentágono anunció que, a instancias del líder demócrata, se llevará a cabo un estudio sobre cómo cerrarla. Lo que descubrirán, por motivos que van más allá de la complicada cuestión de dónde reubicar a los 255 presos que siguen detenidos en la base militar norteamericana, sin cargos y sin el amparo de la convención de Ginebra, es que el objetivo no se podrá lograr de la noche a la mañana.

Hay que reinventar el aparato legal para la captura eficaz de terroristas

El primer problema es dónde trasladar a los presos en suelo estadounidense

"Las actuales reglas del juego hacen daño a EE UU", asegura un experto

Cien de los 255 detenidos deben ser liberados por falta de pruebas

Devolver a los presos a sus países no garantiza el trato humanitario

"No va a ser un acontecimiento, va a ser un proceso", asegura una ONG

Las dificultades prácticas que habrá que resolver, tanto en el terreno logístico como en el legal, van a medir el reto al que se enfrenta la presidencia de Barack Obama: transformar las enormes expectativas que ha generado su victoria en resultados concretos a la hora de gobernar.

"Acabar con Guantánamo no va a ser un acontecimiento, va a ser un proceso. Durará meses y, tristemente, no habrá opciones atractivas. Será cuestión de determinar no cuál es el mejor camino, sino cuál es el menos doloroso", afirma Tom Malinowski, director de Human Rights Watch en Washington, ex funcionario en la Casa Blanca con Bill Clinton y hoy asesor de Obama en el asunto de Guantánamo.

"Llevará meses, quizá muchos meses", apunta Matthew Waxman, profesor universitario de Derecho, que durante 2004 y 2005 fue el máximo responsable en el Pentágono de la política carcelaria de Guantánamo. "No tiene mucho valor cerrar la prisión como acto simbólico sin solucionar el problema de fondo: ¿cuál será la nueva base legal para capturar, detener, interrogar y enjuiciar a individuos presuntamente vinculados con grupos terroristas? ¿Qué hará Obama en el caso de que el número dos de Al Qaeda, [Ayman] Al Zawahiri, caiga en manos estadounidenses el día después de su inauguración presidencial?".

Malinowski y Waxman, máximos expertos en el tema entrevistados esta semana por EL PAÍS, representan los dos polos opuestos de la política estadounidense pero comparten la opinión de que Obama (a cuyo equipo es probable que se integre Malinowski) tendrá enormes dificultades a la hora de encontrar el equilibrio que ha asegurado que busca entre las exigencias de la seguridad nacional y el respeto a la Constitución de su país.

La mera cuestión de dónde trasladar a los presos en suelo estadounidense ya es un problema, como los aireados residentes de Fort Leavenworth han demostrado estos días. Pero más complicado es decidir qué hacer con los más de 100 presos que, según el propio Gobierno norteamericano, deberían de ser liberados por falta de pruebas.

"En muchos casos no tenemos garantía alguna de que se les dará un trato humanitario en sus países de origen, ni de si los Gobiernos de aquellos países tendrán la capacidad para mitigar la posible amenaza que podrían seguir representando", dice Waxman. "Sin duda" asiente Malinowski, "devolverles a sus países conlleva riesgos".

Lo cual deja la posibilidad de que les acojan terceros países, por ejemplo de Europa, pero hasta ahora no se han presentado voluntarios.

De todos modos, Malinowski y Waxman están de acuerdo en que lo más complicado no será la cuestión logística, sino cómo reinventar el aparato legal de tal manera que responda a la captura de presuntos terroristas de manera justa y eficaz. "Lo que tenemos claro es que las actuales reglas del juego hacen daño tanto a la imagen de Estados Unidos en el mundo como a nuestra lucha contra el terrorismo", dice Malinowski, que aboga por someter a los individuos acusados de terrorismo a las mismas leyes utilizadas contra los criminales en las cortes civiles estadounidenses, aunque reconoce que hacerlo será aparatoso, complicado y podría resultar en que personas culpables queden libres.

"Los abogados para la defensa contarán con muchas armas", explica Waxman. "Será difícil procesar a gente sin hacer pública información muy delicada obtenida por nuestros servicios de espionaje y habrá casos en que los malos tratos a los que fueron sometidos por sus interrogadores en la base de Guantánamo adulterarán de manera irremediable la evidencia en su contra".

"No hay respuestas fáciles", reconoce Malinowski. "No hay opciones legales sin riesgos. Pero considero que si la opción menos dolorosa es someterles a juicio civil es en parte porque es lo que exige una política de respeto a los derechos humanos, pero también porque creo que, a la larga, es la forma más eficaz de combatir el terrorismo. Lo mejor que puedes hacer para un terrorista verdadero es encarcelarlo en Guantánamo, bajo supervisión militar, con estatus de combatiente de guerra".

Malinowski responde al hipotético caso postulado por Waxman de que se capture a Ayman al Zawahiri a los pocos días de llegar Obama a la Casa Blanca de la siguiente manera: "La peor tortura para el número dos de Al Qaeda consistiría en tratarle como un criminal más, en ponerlo ante un tribunal después del violador y antes del asesino de un niño, sin ningún trato especial, sin dignificarle con la condición de guerrero militar, sin nutrir la idea del martirio. De esta manera, se unirían los dos objetivos de reparar la percepción de Estados Unidos en el mundo y de combatir el terrorismo".

Waxman está de acuerdo en que la solución ideal es ésta. E incluso propone que en aquellos casos en los que es imposible lograr que un juez condene a un conocido terrorista por terrorismo se busque juzgarlo por crímenes no terroristas; por otras violaciones de la ley más inocuas pero que obtendrán el resultado de encarcelar al individuo en cuestión. "Como en el caso de Al Capone, que acabó preso no por asesinato sino por evasión de impuestos".

Sin embargo, lo más probable, según Waxman, es que una vez se haya trasladado a otros países un grupo de presos, y se haya enjuiciado a otro, quedará al final un núcleo duro de individuos imposibles de procesar de manera satisfactoria en una corte civil pero que, en la opinión del Gobierno de Estados Unidos, seguirán representando una seria amenaza terrorista. "Podría haber docenas de casos de esta naturaleza", dice Waxman, que ha estudiado los expedientes de los 255 encarcelados en Guantánamo.

En tal caso Obama, que es abogado por profesión, se podría ver obligado a sacrificar una cuota de su idealismo, y parte de la imagen de pureza legal que pretende proyectar ante el mundo. "No descarto", opina Waxman, "que Obama acabe viéndose en la obligación de recurrir al Congreso para crear por ley un nuevo organismo hecho a medida, acorde a la necesidad de secretismo de las instituciones de inteligencia nacional, para detener y juzgar a presuntos terroristas internacionales".