Una división artificiosa

Es una "situación insostenible" que miembros de un partido declarado ilegal por el Tribunal Supremo e incluido en la lista de organizaciones terroristas de la UE puedan gobernar en 42 ayuntamientos vascos y navarros, dijo ayer la diputada Rosa Díez en su defensa de una moción instando la disolución de esas corporaciones. Esa situación insostenible pudo haberse evitado si, antes de la ilegalización de ANV, el Gobierno hubiera instado la suspensión cautelar de todas sus candidaturas (y no sólo la mitad) para las municipales de 2007.

Pero no se hizo, y la posterior ilegalización, de acuerdo con la Ley de Partidos, se produjo cuando muchos miembros de esas candidaturas ya habían sido elegidos. Los tribunales han establecido el principio de que, una vez elegidos, no es posible retirarles el acta. No es cierto, por tanto, que una vez ilegalizada ANV, lo que corresponde es disolver los ayuntamientos que gobierna. No es posible corregir a posteriori el error de autorizar la mitad de sus listas. Lo que sí se puede y debe hacer es presentar mociones de censura en los municipios en que exista una mayoría alternativa, como en Mondragón o en Azpeitia, localidades en que se han producido sendos asesinatos de ETA no condenados por los ediles de ANV.

Dejar en minoría y sustituir a alcaldes en esa situación es, además, la forma más clara de contribuir a deslegitimar a ETA, función que muy especialmente viene reclamándose de los partidos nacionalistas. El mismo día del atentado, EA rompió su alianza con ANV en Azpeitia por considerar imposible la colaboración con quienes "aceptan en silencio" el crimen. Y tras pensárselo, ha aceptado votar la moción de censura para sustituir al alcalde de ANV.

Eso es contribuir, de palabra y hecho, a la deslegitimación de ETA en un pueblo en el que todos sus concejales son nacionalistas. Es absurdo que, en lugar de felicitarse por ello y exigir que lo mismo ocurra en los otros municipios en que hay una mayoría alternativa, el PP se haya dedicado a desviar el foco hacia una posibilidad dudosa: la de la disolución por decreto de los ayuntamientos gobernados por ANV en aplicación de un artículo de la Ley de Régimen Local que contempla tal posibilidad ante acuerdos que de forma reiterada y grave supongan apoyo o enaltecimiento del terrorismo. El propio ejemplo de Azpeitia demuestra lo cuestionable de una medida que inevitablemente afectará a los derechos de ediles que nada tienen que ver con los que no condenan el crimen.

Pese a ello, Rosa Díez, de UPyD, planteó ayer una moción, que el PP apoyó a sabiendas de que suponía dividir la Cámara en dos de la manera más artificial. La mención de Zapatero al "bisturí" que conviene manejar con cuidado por respeto al pluralismo fue interpretada por Díaz como consideración hacia quienes defienden sus ideas con la violencia. Pero la disolución afectaría también a quienes lo hacen pacíficamente. Por eso es más inteligente la vía de las mociones, e irresponsable desviarla hacia iniciativas que permitan desentenderse a los nacionalistas.