Las sombras de la sospecha

La reconstrucción del consenso antiterrorista entre el Gobierno y el principal partido de la oposición se ve amenazada desde hace algunas semanas por una cacofonía de voces discordantes procedentes del PP que ponen en duda la sinceridad de la renuncia del presidente Zapatero a la búsqueda de una salida dialogada a la violencia. El debate de ayer en el Congreso sobre la moción de UPyD pidiendo la disolución de los ayuntamientos con alcaldía de ANV fue un ensayo general con todo del despliegue de esos recelos. La sospecha acerca de las intenciones, palabras y decisiones del poder político forma parte del equipaje de los derechos democráticos, a condición de que sea razonable y no esté movida por la mala fe.

¿No sería preferible desalojar a los alcaldes de ANV mediante mociones de censura?

La cita de marzo de las autonómicas vascas y el temor de los populares a quedarse muy rezagados en esas elecciones fomenta seguramente el esparcimiento de la cizaña. Las luchas internas del PP tampoco son ajenas a esa orquestación de la desconfianza. Los correosos adversarios de Rajoy pelean por un regreso tremendista a la estrategia de la crispación que permita situar los temas centrales de la anterior legislatura (la negociación con ETA, la ruptura de la unidad de España, la conspiración para descristianizar el país) en pie de igualdad con la crítica populista y demagógica a la política del Gobierno frente a la crisis económica.

Los hechos, sin embargo, no revalidan esas sospechas. Las recientes detenciones de miembros de la cúpula de ETA prueban que los cuerpos de seguridad cumplen con su tarea. La ilegalización de ANV y PCTV dictada el pasado 22 de septiembre por la Sala Especial del Supremo -a instancias del fiscal general y la Abogacía del Estado- sigue cerrando espacios a la presencia del nacionalismo radical en la vida social e institucional vasca; resulta disparatado atribuir a una maniobra del Gobierno el retraso en la ejecución de la sentencia sobre la disolución de los grupos municipales de ANV para que puedan beneficiarse de los 8.000 millones destinados a los ayuntamientos. Finalmente, el traslado de presos es una medida de política antiterrorista aplicada también por Ejecutivos de Aznar.

Una vez descartado el sofisma de dar como probada la proclividad de Zapatero a negociar con ETA mediante el determinista refrán que condena a quien hace un cesto con la pena de fabricar luego ciento, el derecho a la sospecha -elevado en ocasiones a la condición de certeza- maneja como indicio la resistencia inicial de los socialistas a la propuesta de promover de forma inmediata y simultánea el proceso de disolución por el Gobierno -previa autorización del Senado- de todos los ayuntamientos vascos y navarros con alcalde de ANV (esto es, 42 de los 125 municipios donde el partido sucesor de Batasuna tiene representación). Los socialistas se sienten incómodos en este terreno a causa de la contradictoria actitud adoptada por el presidente Zapatero -a través del fiscal general y de la Abogacía del Estado- frente a ANV: después de legalizar a medias sus candidaturas para las elecciones municipales de 2007 (125 sobre un total de 257 listas presentadas), pocos meses después el Gobierno pediría y obtendría la disolución de ANV por su apoyo político a ETA.

Antes de pronunciarse sobre el fondo del debate será conveniente distinguir entre la dimensión jurídica y los aspectos políticos, entre los medios legales y los fines últimos, de las alternativas existentes. ¿No es la disolución de los ayuntamientos una medida excepcional que sólo debería adoptarse una vez agotadas las demás vías? ¿Por qué no aguardar a la disolución de los grupos municipales de ANV (sus concejales mantendrán las actas) en el trámite de ejecución de la sentencia del Supremo? ¿Plantean los 24 alcaldes de ANV de pequeños municipios elegidos por mayoría absoluta el mismo problema que los 18 regidores de poblaciones más importantes designados por mayoría simple? ¿No sería preferible desalojar a los alcaldes de ANV que carecen de mayoría absoluta mediante resoluciones adoptadas en los ayuntamientos por los restantes partidos a través de mociones de censura como la anunciada en Azpeitia, en lugar de hacer pagar a los vecinos los costes de unas nuevas elecciones?

¿Qué ventaja se obtendría de una disolución simultánea de los 42 ayuntamientos con alcaldía de ANV fuera de la espectacularidad? ¿Han incurrido todos ellos en el supuesto previsto por el artículo 16.2 de la Ley de Bases de Régimen Local? ¿Qué ocurriría si las demás fuerzas nacionalistas con representación local en los municipios disueltos se resistieran a formar parte de las gestoras? ¿Sería oportuno mezclar las elecciones para los antiguos ayuntamientos de ANV con las autonómicas? ¿Cuál sería el paisaje resultante de ese seísmo político una vez celebrados los nuevos comicios? Sólo la mala fe o los demonios de la polémica podrían sostener que las eventuales discrepancias con las respuestas del PP a esas preguntas son la prueba del deseo del Gobierno de negociar con ETA.