Irregularidades, encarecimiento del proyecto y piezas sustraídas

La comisión del caso Balenciaga ha investigado a lo largo de los últimos meses diversas irregularidades relacionadas con la construcción del futuro museo, con el encarecimiento del proyecto y con la sustracción de piezas de la colección del diseñador. A la hora de pedir responsabilidades, la comisión establece varios apartados.

Por una parte, se dirige a Mariano Camio, ex gerente de la sociedad Berroeta Aldamar (formada por el Ayuntamiento de Getaria, la Diputación de Guipúzcoa y el Gobierno vasco), al que acusa de ocultar el presupuesto real de la obra, ocultar contratos, falsificación documental, sobrepagos (al arquitecto Argilagos), solapamiento de contratos y ocultación de información. Camio está imputado por la Fiscalía guipuzcoana.

En otro bloque, la comisión culpa la dicha sociedad, presidida por la consejera Miren Azkarate, de "falta de la debida deligencia en la gestión de los recursos públicos", "falta de celo en su forma de control de los gestores" y de "no impedir actuaciones del gestor máximo contrarias con resultados contrarios al interés de la sociedad".

Para la Fundación Balenciaga, formada por el Ayuntamiento de Getaria y el Ministerio de Cultura, también hay petición de responsabilidades. En este caso, la comisión le culpa de "una gestión nada profesional" y de "no adoptar decisiones para cortar de raíz las irregularidades". Al ministerio, en concreto, le acusa de "falta de lealtad institucional" por no comunicar a la sociedad Berroeta Aldamar el informe que mandó a la fundación donde se declaraba inservible el proyecto básico del museo. En cuanto al Ayuntamiento de Getaria, también le reprocha "falta de lealtad institucional al no trasladar el conocimiento de las irregularidades a sus socios de Berroeta".