La Fiscalía investiga si Arrigorriaga prevaricó en un plan urbanístico
Indaga el presunto favorecimiento a una empresa al recalificar los terrenos
La Fiscalía de Bilbao ha abierto una investigación por presunta prevaricación y vulneración de la ley de Medio Ambiente por parte del Ayuntamiento de Arrigorriaga en un plan urbanístico que intenta ejecutar desde 1990. El fiscal estudiará si se ha favorecido a una empresa en la recalificación de terrenos y si el Ayuntamiento le compró terrenos por un valor superior para liquidar una deuda anterior de seis millones de euros. Además, el área donde se proyecta la urbanización (26 hectáreas) tiene más de 10 hectáreas calificadas como de protección especial. En el proyecto, con una inversión prevista de 50 millones de euros, se incluye la edificación de una plataforma logística de Eroski.
El proyecto, con 50 millones de inversión, incluye un centro logístico de Eroski
El consistorio intenta recalificar el área de Benta-Erreka desde hace 18 años
El caso se abrió tras un escrito presentado ante la Fiscalía el pasado 1 de octubre por una plataforma que integra a 23 grupos de Miraballes y Arrigorriaga. A finales de noviembre, el fiscal tomó declaración a varios miembros del colectivo y, según la información facilitada por éste, les aseguró que había indicios de delito en la actuación municipal.
Los intentos de recalificar esta zona de monte, ubicada en el límite de los municipios de Arrigorriaga y Miraballes, se remontan a 1990. Entonces el pleno municipal aprobó un convenio para recalificar el paraje denominado Bentako-Erreka con la empresa Desarrollo y Gestión con el fin de desarrollar un proyecto industrial. En dicha firma figuraba como socio un hermano de la anterior alcaldesa de Arrigorriaga, María José Albizua (PNV), según el escrito de la plataforma vecinal. Pero la Diputación de Vizcaya rechazó la recalificación de los terrenos por tres veces (en 1990, 1993 y 1996), ante lo cual la compañía Desarrollo y Gestión denunció en los tribunales al Ayuntamiento, que fue condenado a pagar más de seis millones de euros por incumplir el convenio.
El fiscal investiga si esa valoración económica fue proporcionada -la sentencia sólo dio la razón a la empresa a la hora de recuperar unos terrenos suyos que cedió al consistorio-, ya que se basó únicamente en la petición hecha por la compañía, ya que el Ayuntamientono ejercíó su derecho de tasación. En octubre de 2007, el consistorio planteó de nuevo la recalificación urbanística, con la diferencia ahora de que, con la nueva Ley de Suelo, y al tratarse de un municipio de más de 7.000 habitantes, no requiere el permiso de la Diputación.
En la denuncia presentada a raíz de esta iniciativa se señala que antes de esa fecha se empezaron a comprar terrenos "sin informar del objetivo final de los mismos", y que en algunos casos se dijo que era para uso agropecuario. Los vecinos afirman que la zona no presenta ventajas para la instalación de una planta logística, debido a su calificación como no urbanizable, las fuertes pendientes o los atascos permanentes en la BI-625 que discurre en las cercanías. "Sólo se explica por el bajo precio pagado en adquirir los terrenos", indican.
La investigación también se centra en un acuerdo municipal, de diciembre de 2007, por el que se compra a Desarrollo y Gestión por 2,7 millones terrenos que los denunciantes consideran "sin valor apreciable ni edificabilidad urbanística". Los vecinos estiman que la operación encubre un "intento de liquidar la deuda" de los seis millones.
Con la nueva Ley de Suelo, el Ayuntamiento tiene que contar con la opinión del Departamento de Medio Ambiente, que se ha mostrado crítico con el proyecto. En un informe de marzo pasado, calificó el impacto de la urbanización de "severo" y censuró que no se hayan priorizado suelos ya urbanizados en vez de recalificar terrenos agrarios y naturales. Además, el informe de Medio Ambiente reprocha que no haya ningún estudio sobre el ruido, la fauna protegida y las zonas de servidumbre de los arroyos.
La Fiscalía comentó a los vecinos que la investigación no se extenderá a los intentos de recalificación de la zona en los años 90, en el que se implicaba a familiares de la ex alcaldesa, al haber prescrito.
El alcalde de Arrigorriaga, Alberto Ruiz de Azua, también del PNV, anunció hace mes y medio, al presentarse el escrito en la Fiscalía, que estudiaba querellarse contra la plataforma por "injurias, calumnias y falsedad documental", pero no quiso valorar los hechos concretos que se aportaban. El consistorio ha iniciado ahora una campaña de información sobre el plan, en la que defiende "el respeto exhaustivo de la legalidad" y que, a diferencia de lo que sostiene Medio Ambiente, "no producirá ningún impacto crítico den la zona". Incluso asegura que se preservarán los valores ambientales de esta área.
El proyecto tiene la aprobación provisional
El Ayuntamiento de Arrigorriaga, en el pleno celebrado el pasado miércoles, aprobó provisionalmente el cambio en el planeamiento urbanístico municipal para acometer el proyecto en Bentako-Erreka. La autorización, a la que únicamente le queda la ratificación definitiva, tuvo el apoyo de los tres grupos del equipo de gobierno (PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua) y el rechazo de la oposición, conformada por el PSE y el PP.
El quipo de gobierno valoró, tras la sesión, que el proyecto es una oportunidad para el desarrollo del municipio "en el único terreno utilizable a nivel empresarial". Además, destacó el visto bueno del Consejo Asesor Urbanístico del municipio, una figura creada por la nueva Ley de Suelo y que debe emitir su opinión, aunque no es vinculante.
El Consejo Asesor, formado por partidos políticos y asociaciones sociales, aprobó el pasado día 3 la recalificación, pero gracias al voto de calidad del alcalde, el peneuvista Alberto Ruiz de Azua, ya que se registró un empate a ocho sufragios. Sólo dos asociaciones no políticas (los grupos deportivos y el representante de los empresarios) sumaron su voto al de los miembros de PNV, EA y Ezker Batua, mientras que el rechazo provino de los delgados de centros escolares, asociaciones de vecinos, ecologistas, sindicatos, el grupo de mujeres y los partidos PSOE y PP.
La plataforma vecinal Bentaakorreka Bizirik, que presentó la denuncia en la Fiscalía, comunicó después que el representante de los grupos deportivos se equivocó en la votación y que "aclarará su postura en la siguiente reunión del Consejo Asesor".
La plataforma censuró la actitud del alcalde en la reunión, ya que, según aseguraron, calificó de "ignorante" al representante del grupo ecologista y "arremetió en varias ocasiones" contra otros delegados de los centros educativos. "Su comportamiento fue sencillamente bochornoso", señaló.
La asociación vecinal consideró "sintomático" que los representantes de los colectivos sociales, "excepto los empresarios y el representante de los grupos deportivos", hayan votado en contra del proyecto urbanístico, "lo que a nuestro entender da idea del rechazo que genera".
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