Educación renunciará al inglés obligatorio en Ciudadanía para evitar la huelga

La amenaza de una huelga general en todo el sistema educativo público no universitario, el próximo miércoles 17, ha acabado por hacer mella en la Generalitat. A 48 horas de que los colegios e institutos valencianos corran el riesgo de "vaciarse" de alumnos y profesores, la Consejería de Educación ha pisado por fin el acelerador en busca de un "acuerdo consesuado" con todos los sectores de la enseñanza pública integrados en la Plataforma per l'Ensenyament Públic. La Administración ha elaborado una "propuesta de negociación, exhaustiva y con plazos calendarizados" en la que asume discutir en diferentes meses "todas las reivindicaciones" de la Plataforma para reformar la escuela pública, que han sido el motor de las múltiples manifestaciones y encierros que se han reproducido a lo largo del primer trimestre lectivo. Y, en concreto, otorga una salida normativa al "tema estrella" de las protestas: el empecinamiento del presidente Francisco Camps de mantener, contra viento y marea, que las clases de Educación para la Ciudadanía se dieran traducidas íntegramente al inglés, pese a las serias limitaciones expresadas en julio por el Tribunal Superior de Justicia en su auto de suspensión cautelar.

La propuesta asume los puntos de la Plataforma y fija un calendario

La solución técnica que Educación ha ultimado este fin de semana para tratar de salvar el "primer escollo" de la huelga pasa por renunciar de facto a que el inglés sea obligatorio en las clases de Ciudadanía.

Es decir, lo que los directores de los 363 institutos públicos han venido diciendo desde que, en octubre, comprobaron el bajo nivel de comprensión de inglés que tienen los alumnos de segundo curso de Secundaria, donde se ha estrenado esta singular fórmula, y denunciaran el déficit de especialistas de inglés en los centros. Una realidad que la consejería constató en junio cuando sólo encontró "11 voluntarios", con doble titulación de Filosofía o Ciencias Sociales e inglés, y 31 interinos para impartir la materia en la lengua de Shakespeare.

Según ha podido saber EL PAÍS, la secretaria autonómica Concha Gómez y los técnicos de Educación han ultimado "una circular" de tres páginas, donde de manera muy extensa y puntual se otorga autonomía a cada centro para impartir Ciudadanía en valenciano o en castellano, en función de las líneas autorizadas en el centro.

Esta salida jurídica, redactada en forma de circular, permite a la Administración salir del embrollo legal -además, del conflicto educativo- creado por el sinfín de instrucciones emitidas al respecto. Todas ellas "inaplicables" para los directores, y difícilmente asumibles por la inspección eductiva, que es la que tiene que velar por que se apliquen las leyes estatales. De hecho, el "disparate" de la Ciudadanía en inglés de Camps ha transcendido hasta el punto de que 400 inspectores de toda España advirtieron de que la orden valenciana es una "arbitrariedad administrativa" y supone una "instrumentalización" de esta materia de nuevo cuño introducida por la Ley Orgánica de Educación (LOE), que el PP objeta, en su pulso con el Gobierno.El pulso que ha mantenido la Generalitat valenciana con todos los agentes educativos durante tres meses alcanzó su punto de no retorno el 29 de noviembre pasado, con la gran manifestación que reunió en Valencia a más de 44.000 padres, alumnos, profesores, directores, inspectores y ciudadanos en contra de "política educativa de Camps". Ese día se edificó el "puente" hacia lo que, de consumarse, será la "primera huelga general del sistema educativo" el próximo miércoles.

La única manera de desactivar las protesas (que han ocupado un trimestre lectivo completo, y amenazan con extenderse al siguiente) pasa por que la consejería asuma los "13 puntos del Manifesto por la mejora de la educación pública", que han sido el motor de las movilizaciones educativas, que tanto el presidente Camps como el consejero Alejandro Font de Mora tienen en su mano justo desde hace un mes.

La Plataforma, que ha convocado hoy una reunión de urgencia para analizar la propuesta oficial, se ratificó ayer en que la única manera de "aplazar la huelga" -que "no desconvocar"- pasa por "verificar que hay un cambio real en la política educativa". Y el giro debe de ser tanto "formal", para acabar con las actitudes autoritarias y excluyentes empleadas por Font de Mora; como de "fondo". Es decir, que la Administración debe demostrar que, más allá de pactar un "nuevo plan de enseñanza multilingüe", es capaz de cumplir el calendario y los plazos fijados en la propuesta formal que hoy presentará el consejero en persona. Y que, según fuentes oficiales, lleva la rúbrica impresa del propio Camps.

El calendario obliga, pues, a negociar en diferentes niveles y mesas las 13 exigencias para mejorar la enseñanza pública que van desde una red de plazas de infantil al incremento del profesorado de inglés, pasando por la implantación de planes eficaces contra el absentismo y el fracaso escolar.