El asidero de Llanera

La delicada situación en general del sector de la construcción y en concreto de la empresa Llanera Urbanismo e Inmobiliaria, SL, en concurso de acreedores desde octubre de 2007 y con una plantilla sensiblemente mermada, ha generado dudas respecto de la capacidad de la constructora para hacer frente al macroproyecto urbanístico Nou Mil·leni, en Catarroja, que prevé 12.000 viviendas, 7.000 de ellas de protección oficial, impulsado junto con el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) a través de la empresa mixta Iniciativa y Promociones de Vivendas Valencianas, SL (Improva). Sin embargo, la tramitación del proyecto sigue adelante: el pasado mes de febrero, la dirección general de Ordenación Territorial dio el visto bueno al programa de actuación urbanística (PAI), después de subsanarse las deficiencias detectadas por la Comisión Territorial de Urbanismo. Y mañana lunes, a las nueve de la mañana, un horario con vocación de clandestinidad, está previsto un pleno del Ayuntamiento en el que se presentará la propuesta jurídico-económica definitiva.

El alcalde convoca un pleno sobre el macroproyecto a las nueve de la mañana

"Con la situación de Llanera y en la actual coyuntura, parece imposible"

El alcalde de Catarroja, Francisco Chirivella, del PP, anunció a este diario que en caso de aprobación, que parece garantizada con el respaldo del único concejal de UV, se firmará un convenio para determinar las fases de ejecución. Aunque Chirivella evita hablar de la implicación de Llanera en Nou Mil·leni, su viabilidad se contempla precisamente como una forma de garantizar la continuidad de la empresa.

Los responsables de Llanera, consultados por EL PAÍS, prefirieron mantenerse fieles a la política, instaurada a raíz del proceso concursal, de no hacer comentarios a los medios de comunicación. Sin embargo, el juez asignado al concurso de acreedores, Fernando Presencia, deslizó en mayo que Nou Mil·leni podía proporcionar a la empresa el oxígeno necesario para salir adelante. "Para que haya convenio con los acreedores, la empresa debe tener garantía de continuidad. Y esa garantía se la puede dar perfectamente Nou Mil·leni", señaló. El alcalde de Catarroja, quien contestó a este diario a través de un cuestionario, eludió comentar este extremo y la situación de "una empresa privada" y puso el acento en que el proyecto lo va a desarrollar una empresa mixta, Improva. "Nos consta que ya tiene garantizada la ejecución y va a presentar un importante aval ante el ayuntamiento", explicó.

Tampoco la situación del sector supone un obstáculo, a criterio del alcalde. "Más bien al contrario", dijo, "ya que esta actuación va a suponer un importante impulso para la reactivación de la economía local y muchos puestos de trabajo. La oferta de vivienda protegida va a ser una de las mayores de la Comunidad Valenciana y no hay que olvidar que Nou Mil·leni es un proyecto a medio plazo, que se desarrollará de manera progresiva". Chirivella parece confiar en una recuperación del mercado inmobiliario.

Los grupos de la oposición, por el contrario, siguen poniendo en duda la viabilidad e idoneidad del proyecto. "Continuamos pensando lo mismo que cuando se presentó Nou Mil·leni y es que el plan es un auténtico bluf", explicó el portavoz socialista, Wilson Ferrús, quien anunció que su grupo presentará a finales de este mes un nuevo recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra la aprobación del PAI. "Con la situación de Llanera y en la actual coyuntura económica, parece imposible que se siga adelante con el proyecto, como no sea que se trate de la única forma de salvar a la empresa de la desaparición absoluta", agregó Ferrús, quien recordó que el impulso de planes urbanísticos a través de empresas mixtas incumple media docena de directivas de la Unión Europea y que la Comisión, después de instar infructuosamente a la Generalitat a cambiar este planteamiento, trasladó el tema a los tribunales. "¿Qué pasará si, finalmente, los tribunales europeos dictaminan que las empresas mixtas son ilegales?", se preguntó Ferrús.

Jesús Monzó, portavoz del Bloc, puso el acento en el "despropósito" de "multiplicar por dos" la población de Catarroja, de 29.000 habitantes en la actualidad, a través de un proyecto "bestial" presentado "al margen del PGOU". "Se trata de otra ciudad, con una zona urbanizada que supondrá unos costes brutales en materia de servicios para el Ayuntamiento. No existe ningún alcalde con legitimidad para hacer eso".

Rosa Pérez, de Esquerra Unida, incidió en los mismos argumentos y en una inquietud compartida por la oposición: "La forma de legitimar Nou Mil·leni es que se van a crear 7.000 viviendas de protección oficial, pero ésa es la excusa para generar un macroproyecto que está enfocado hacia el negocio de una empresa concreta". Razonamientos que se suman al rechazo por el impacto ambiental de Nou Mil·leni, que urbanizará una de las pocas zonas agrícolas que se conservan en l'Horta Sud. Ante eso, Chirivella contrapone la creación en L'Albufera de "un parque autóctono, con una aportación del urbanizador de 5,5 millones de euros" y la previsión de 400.000 metros cuadrados de zonas verdes y 75.000 de espacios deportivos.