La resaca del crimen de ETA

ETA ha marcado otra muesca en su larga lista de más de 850 asesinatos: esta vez en Azpeitia, un municipio situado en el corazón de la Guipúzcoa profunda regido por un ayuntamiento íntegramente nacionalista: 8 concejales del PNV, 6 de Acción Nacionalista Vasca (ANV), 2 de Eusko Alkartasuna (EA) y 1 de Aralar. Los juegos de alianzas dieron hace año y medio la alcaldía a un representante de ANV, que formó equipo de gobierno con EA y Aralar; estos dos partidos han abandonado la coalición a raíz del crimen.

La banda terrorista tomó como blanco a Ignacio Uria seguramente en su condición de socio de una empresa concesionaria de la construcción de la Y vasca (San Sebastián-Bilbao-Vitoria) del Tren de Alta Velocidad (TAV). El misoneísmo de la agresiva campaña lanzada por ETA contra un medio de transporte que mejorará las comunicaciones dentro del País Vasco y con las redes de toda Europa -"una cicatriz de cemento" para "desestructurar al pueblo vasco"- trae a la memoria las condenas apocalípticas del ferrocarril dictadas por el tradicionalismo decimonónico. No es la primera vez que ETA secuestra una reivindicación medioambiental, expresada hasta entonces mediante vías democráticas y pacíficas, para enarbolarla como bandera intimidatoria: el asesinato en 1981 del ingeniero Ryan en la estela de las movilizaciones contra la central de Lemóniz y los atentados a comienzos de los 90 contra la autovía de Leizarán figuran en ese palmarés siniestro. El comunicado difundido ayer por cinco grupos conservacionistas subraya, sin embargo, que "la causa del ecologismo y el medio ambiente es, ha sido y será siempre pacifista".

El asesinato de Ignacio Uria en Azpeitia agrava los problemas de la familia nacionalista

La supervivencia durante 40 años largos de ETA, que perdió desde mediados de los 80 el régimen de tolerancia del santuario francés, no podría explicarse sin tomar en cuenta dos importantes factores. De un lado, los vínculos emocionales e ideológicos que mantienen unida a la familia nacionalista mas allá de las divisiones entre derecha e izquierda, enemigos y partidarios de la violencia o autonomistas y soberanistas. De otro lado, la solidez de la base electoral que ha venido siendo fiel a ETA.

Las fluctuaciones en las urnas durante tres décadas de los partidos vinculados a la banda terrorista han dependido del ámbito de cada convocatoria electoral (europeas, legislativas, autonómicas, forales, municipales), de las treguas de ETA (los resultados fueron muy favorables para la izquierda abertzale en las autonómicas de 1998) y de la situación legal o ilegal de las organizaciones. Por lo demás, la presentación de listas blancas manipuladas (el PCTV a las autonómicas de 2005 y ANV a las municipales de 2007) y las consignas de voto nulo hacen imposible adelantar hoy un cálculo exacto de los sufragios atribuibles todavía a ETA (tal vez unos 100.000) tras la disolución de Batasuna por sentencia del Supremo en marzo de 2002.

Las detenciones practicadas anteayer en la resaca del crimen de Azpeitia parecen confirmar la debilidad de la banda terrorista. Aun siendo cierto que la acción policial y judicial es el factor decisivo en la lucha contra el terrorismo, también resulta necesario, sin embargo, reducir la tolerancia o el apoyo de que aún disfruta ETA en la sociedad nacionalista. Crímenes como la muerte de Ignacio Uria podrían acelerar esa dinámica. La izquierda abertzale traduce sardónicamente las siglas del PNV como "Partido de los Negocios Vascos"; el asesinato de Azpeitia distanciará todavía más a los jeltzales de los "hijos pródigos" o "patriotas descarriados" que les injurian. La oferta dirigida por Eusko Alkartasuna -socio del PNV en el Gobierno de Vitoria- a la izquierda abertzale para formar una coalición soberanista en las próximas autonómicas con partidos que renuncien a la violencia quedará sin respuesta creíble. Y aunque las esperanzas puestas en una rápida erosión del apoyo electoral a ETA se hayan visto demasiadas veces defraudadas, algún día se verán cumplidas.

El Gobierno intenta rehuir los efectos de su imprudente decisión de tolerar 125 candidaturas de ANV (tras impugnar otras 133) en las elecciones municipales de 2007, incluido el Ayuntamiento de Azpeitia. Es dudoso que PNV, EA y Aralar logren un acuerdo fácilmente a su alcance (la moción de censura sólo exige nueve votos) para destituir al alcalde. Y resulta altamente improbable -por no decir imposible- en términos jurídico-constitucionales que los ayuntamientos de las 42 poblaciones de alta densidad nacionalista gobernados por ANV puedan ser disueltos invocando la actual redacción del artículo 61.2 de la Ley de Bases del Régimen Local (como pretende el PP) o una versión modificada de ese precepto (como anuncia el Gobierno). Aunque la sentencia del Supremo del 22 de septiembre de 2008 ilegalizase tardíamente a ANV por "complementar y apoyar" políticamente a ETA, la Constitución garantiza a sus concejales electos la conservación de las actas y el ejercicio de sus derechos.