Trapisondas

Lo que está pasando en la Comunidad Valenciana con la aplicación de la Ley de Dependencia es, cuando menos, un tanto sorprendente. Hace un mes, centenares de familiares de personas dependientes se manifestaron primero ante el palacio del Temple y luego frente a la Generalitat con una reivindicación obvia: "Que se cumpla la ley". Un par de semanas antes, Juan Cotino, el conseller responsable de la aplicación de la norma, había asegurado en las Cortes Valencianas que había recibido 50.000 solicitudes de ayudas. Cifra que difiere de las de su propio departamento, que a 1 de diciembre aseguraba tener registradas poco más de 34.000 solicitudes, y también del cálculo efectuado por el portavoz de política social del grupo socialista, Antonio Torres, que la eleva a 70.000. Lo cierto es que, dos años después de la aprobación de la ley, la Consejería de Bienestar Social ha reconocido a 25.000 valencianos el derecho a percibir ayudas, pero sólo ha asignado a 12.000 la prestación económica, mientras otros 13.000 dependientes con derecho reconocido a las ayudas continúan sin cobrarlas porque no se ha tramitado el llamado programa de atención individual.

El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, aseguraba el pasado fin de semana que las dificultades y los obstáculos que existen aquí para aplicar la Ley de Dependencia son exclusivamente imputables al gobierno de Francisco Camps. Peralta señalaba que no hay razón alguna para que los dependientes valencianos estén sufriendo el calvario al que les somete la Administración autonómica. Y recordaba que el Gobierno de Zapatero, entre otras medidas, había aprobado recientemente una partida de 3.000 millones de euros con "un subapartado específico para mejorar las prestaciones de dependencia". Además, este mismo fin de semana, el diputado socialista Antonio Torres denunciaba que ninguno de los 25.000 dependientes valencianos que tienen la prestación reconocida, goza de ayuda a domicilio ni de teleasistencia, cuando en comunidades como el País Vasco o Andalucía llegan al 20% de los dependientes. Para colmo, ayer mismo desvelaba este periódico que el PP ha presentado una enmienda a su propio proyecto de presupuesto para 2009 por el que recorta un 60% los fondos previstos para ayudar a los familiares de personas dependientes.

Así las cosas, da la impresión de que la actuación de Camps respecto a la Ley de Dependencia empieza a parecerse a la que su gobierno ha llevado a cabo con la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, un boicot en el que el galimatías lingüístico habría sido sustituido por el embrollo burocrático y la trapisonda presupuestaria. Sin embargo, se supone que aquí no hay en juego convicciones morales o religiosas. Detrás de los beneficiarios de la ley hay personas y familias que sufren, a las que el Estado -social y democrático de Derecho, dice la Constitución-, vendría a amparar. Sería difícil de entender que dirigentes como Camps y Cotino, políticos moderados, que hacen pública fe de profundas convicciones, antepusieran sus intereses partidistas a la traslación práctica de principios éticos y de mandatos constitucionales. Pero, posiblemente, un político moderado sea el que sólo se interesa moderadamente por el bienestar de sus conciudadanos.