Moción en Azpeitia

La forma más realista de desalojar a la ilegalizada ANV de la alcaldía de Azpeitia es la moción de censura. Las otras fórmulas que se están barajando no sirven a ese objetivo porque la disolución en bloque del consistorio es imposible con la ley en la mano y la eventual reforma de la misma no podría aplicarse con carácter retroactivo. En Azpeitia el partido más votado fue el PNV (ocho concejales), pero ANV (seis) ha venido gobernando merced a un pacto con EA (dos) y Aralar (uno). Ambos partidos han roto ese pacto por la negativa de ANV a condenar el asesinato de Ignacio Uria.

El PNV dice que duda de que EA y Aralar apoyen la moción, si se presenta. Hay antecedentes que invitan a desconfiar, pero ahora han dado el paso de dejar en minoría a ANV, lo que no hicieron antes. Lo lógico es apostar por esa vía, que es además la más clara políticamente. No es lo mismo desalojar de la alcaldía a ANV por acuerdo de los partidos que se oponen a la violencia, y que representan a la mayoría de los vecinos (11 de los 17 concejales), que hacerlo por un decreto de disolución del ayuntamiento, como en el caso de Marbella, por ejemplo.

En primer lugar, porque daría una imagen falsa de la realidad: no es cierto que la mayoría de los vecinos o de sus representantes apoyen a ETA. La prueba es que la mayoría de éstos votó la condena. Disolver la corporación porque una minoría de sus concejales no lo ha hecho sería un contrasentido. Afectaría a los derechos de quienes sí han condenado. Para disolver un ayuntamiento debería ser la corporación como tal la que hubiera vulnerado la ley.

Y lo que dice el artículo de la Ley de Régimen Local que se invoca (el 61) es que podrá plantearse la disolución cuando haya tomado acuerdos que "de forma reiterada y grave" supongan cobertura, apoyo o enaltecimiento del terrorismo. Difícilmente podrá probarse eso en este momento del Ayuntamiento de Azpeitia como tal. Lo que hay que hacer es sacar del gobierno municipal a ANV, no del ayuntamiento a todos los concejales.

La propuesta alternativa de cambiar la ley para impedir que puedan gobernar miembros de un partido que ha sido ilegalizado después de haber resultado elegidos plantearía otros problemas que tal vez podrían solventarse, pero no el de la irretroactividad de la norma: no podría aplicarse a los actuales concejales de ANV. Y para las siguientes elecciones no tendría sentido la reforma pues, una vez ilegalizado ese partido (lo fue en septiembre), no podría presentarse.

A tres meses de las autonómicas vascas, EA y Aralar saben lo que arriesgan si demuestran que son incapaces de convencer a sus concejales en Azpeitia de que no se puede pactar con los que consideran legítimo el asesinato. El frente soberanista pacífico que ahora defiende EA quedará inhabilitado si no es capaz de supeditar otras consideraciones a esa esencial: la política es incompatible con la violencia. Las otras vías serían de escape para quienes quieren eludir ese compromiso.