Luz sobre Guantánamo

Los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores ahora conocidos demuestran que el Gobierno de Aznar sabía fehacientemente que las bases norteamericanas en España sirvieron de escala a los vuelos a Guantánamo transportando presos talibanes y presuntos miembros de Al Qaeda. El argumento de que en aquel momento no se tenía noticia de las prácticas que se generalizarían en el penal no encaja con el propio tenor de los documentos: el temor a las consecuencias que tendría el que alguno de esos presos fuera europeo, como luego sucedió, deja constancia de las dudas de los funcionarios españoles sobre la legalidad de las operaciones a las que se daba luz verde. Por otra parte, el argumento habría adquirido solidez si, en el momento de conocerse que Guantánamo se había convertido en un limbo jurídico donde se torturaba a los reclusos, el Gobierno español hubiera puesto fin a las autorizaciones de tránsito y sobrevuelo.

La implicación del Gobierno de Aznar podría proyectarse sobre el de Zapatero, aunque con responsabilidades diferentes, si éste no ofrece suficientes explicaciones sobre su grado de conocimiento del uso de las bases norteamericanas en España a partir de 2004. No existen razones para dudar de la versión según la cual el Ejecutivo saliente no informó de los vuelos en el traspaso de poderes. Pero el nuevo Gobierno español tuvo pronta noticia de lo que estaba sucediendo en la reunión de la Alianza Atlántica en la que Condoleezza Rice habló del "gorila de 800 libras", refiriéndose a las cárceles secretas empleadas en la guerra contra el terrorismo. Al parecer, no se hizo gran cosa para saber si España participaba de algún modo en estas operaciones. Como tampoco se hizo tras los requerimientos de la Audiencia Nacional para esclarecer los hechos. Y los vuelos prosiguieron bajo Gobierno socialista.

El Ministerio de Asuntos Exteriores asegura que los documentos han desaparecido de sus archivos. No es el final del caso, sino la apertura de otro nuevo. Sólo cabe una investigación adicional para saber si fueron sustraídos y tratar de determinar quién lo hizo. Pero la cuestión de fondo se mantiene invariable, puesto que copias de esos documentos debieron de llegar a sus destinatarios en el Ministerio de Defensa y probablemente también en el Gabinete internacional de la Presidencia del Gobierno, que forman parte de la Administración, y estaban por tanto tan obligados a colaborar con la justicia como el departamento de Exteriores a poner fin a la participación de España en la operación.

A estas alturas, es necesario saber si esas copias se encuentran en sus respectivos archivos o si, como parece haber sucedido en Exteriores, una mano tan misteriosa como eficaz ha tratado de borrar las huellas. Ahora que la nueva Administración norteamericana se propone acabar de una vez con la vergüenza de Guantánamo, es preciso que se haga toda la luz sobre cómo se fraguó y cómo pudo mantenerse durante estos años.