De copas en la selva

La muerte en Madrid de Álvaro Ussía ha puesto en el disparadero al sector español del ocio de madrugada. Las relaciones del entorno del joven, las críticas políticas a cargo de la oposición municipal y lo bárbaro del caso -Ussía acabó destrozado por los porteros de El Balcón de Rosales- han llevado a que el Ayuntamiento de Madrid esté cerrando todos los clubes que puede por irregularidades varias. Las más graves tienen que ver con las licencias y la seguridad de los locales. No faltan comunidades -aparte de la de Madrid- que se apresuran ahora a regular la situación de los porteros con el establecimiento de censos, pruebas psicotécnicas, exámenes similares a los de policías, y normativa para vetar a aquellos que tienen antecedentes penales.

Cualquiera puede ser portero. Y sale más barato que un vigilante

El caos legal favorece el colapso municipal y las salas sin licencia

A golpe de titular se quiere seguir el ejemplo de Cataluña, que ordenó un reglamento de este estilo tras la muerte del joven Wilson Pacheco en 2002. Ahora, en Murcia, donde un joven fue herido por porteros el mismo fin de semana en que murió Álvaro Ussía, una normativa obligará a los miembros de seguridad a superar una prueba y a formarse. En la Comunidad Valenciana, lo mismo, tras largas conversaciones con la Federación de Hostelería. En Andalucía -donde, por decreto autonómico, debe haber vigilantes de seguridad a partir de aforos de 300 personas- se han realizado en pocos días inspecciones sobre una larga serie de locales. En uno de Granada, la Guardia Civil descubrió que los miembros de seguridad llevaban porras y navajas. Y que sólo uno de ellos era vigilante acreditado.

Ésta es la realidad que arroja la ausencia de una regulación global del sector nocturno. Algo, precisamente, que demandan las empresas más serias del mismo. El Sindicato Profesional de Vigilantes ha denunciado que, sólo en Jerez, trabajan más de 50 porteros ilegales. Esa situación es general entre los 140.000 que desempeñan funciones de seguridad en locales nocturnos de España. La Guardia Civil ha indicado que en zonas de Alicante, la puerta de algunos locales conflictivos está en manos de gente del Este con contrato de palabra. Fuentes policiales han apuntado a que en Madrid no faltan bandas de ese origen vinculadas a la seguridad. Suelen ser especialistas en boxeo. Otros, los brasileños, acostumbran a dominar el vale-tudo, un tipo de lucha en la que, como su nombre indica, vale todo.

¿Cómo es posible? En la mayoría de ciudades, cualquiera puede ser portero. El artículo 53 del Reglamento General de Policía de espectáculos públicos y actividades recreativas está vigente, y establece que en España debe haber vigilancia a partir de un aforo de 100 personas. "Aunque ese concepto no está desarrollado", ha reconocido el jefe del Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, Antonio Piñol. El portero sólo puede indicar salidas de incendios, cortar boletos y llamar a la policía. Pero hay quien paga por horas a gente musculosa de gimnasio antes que hacer uso de vigilancia privada (la cual sí está censada, aunque no signifique que no sea violenta). Un vigilante contratado cobra unos 900 euros al mes. El pago por horas da más dinero al portero -sobre 100 euros la noche- y quita menos a quien le paga.

"Muchos clubes contratan un vigilante de seguridad, y luego tienen gente de paisano que cobra al final de la noche", explica Carlos, portero de discoteca con larga experiencia en discotecas de la Península y Baleares. "Cuando hay pelea, ese personal pega. Luego tira el pinganillo, y queda como un cliente más", confiesa. Incluso Antonio Sánchez, el presunto autor material de la muerte de Álvaro Ussía, fue referido por un medio como cliente preferencial. "En una macro de las grandes puede haber ocho vigilantes uniformados y más de veinte de paisano", explica un instructor de empleados de seguridad. Cuando hay un juicio, a él acude quien consta en los papeles: el vigilante de seguridad. Los otros no aparecen. Si quien ha pegado es uno de éstos, la víctima no reconoce a nadie.

"A mí, desde luego, se me fueron las ganas de salir por la noche después de tropezar con gente así", dice Agustín Martínez, de casi 30 años. Hace un tiempo, en Gandía, se llevó una paliza de un portero de paisano que hasta le estampó el walkie-talkie en la cabeza. Pero sólo podía aspirar a un juicio de faltas -no había rotura de dientes o lesiones graves acreditadas por parte médico- y prefirió no verse en un juzgado con su agresor. "Ahora mismo hay mucha gente violenta en la calle, y eso se refleja en porteros duros", explica una joven discotequera. Sin embargo, hay quien sí ve a los porteros de modo más positivo. Así lo demuestra el e-mail que una pareja remitió este verano a los controladores de acceso de una discoteca catalana. "Somos el chico que el sábado tratasteis por una intoxicación de éxtasis y su novia", dice el mensaje. "Sentimos mucho haberos dado problemas y queremos agradeceros profundamente que me salvarais la vida, mal arriesgada".

Se supone que los diferentes reglamentos fomentarán esa visión y acabarán con malas prácticas. En la Comunidad de Madrid, los políticos dicen que en tres o cuatro meses lo van a reformar todo. "Ningún empresario puede estar de acuerdo en que el servicio de admisión y otras cuestiones estén sin regular", explica Vicente Pizcueta, portavoz de la asociación Empresarios por la Calidad del Ocio (ECO) de Madrid y de la Federación de Hostelería de Valencia. "Pero sin una ordenación lógica que se pueda cumplir, todo es arbitrario". Como muestra, uno de los botones más destacados: los problemas de licencias. Esos que han permitido, de sopetón, el cierre eventual de hasta nueve locales en Madrid capital. Entre ellos la célebre sala de conciertos La Riviera y alguno relacionado con el caso Guateque. Sin embargo, dos de los espacios clausurados -Macumba y But- han sido reabiertos por un juez. La discrecionalidad administrativa campa a sus anchas de noche.

Según Antonio Piñol, en Madrid existen hasta 15.000 establecimientos con licencias regladas. Pero en la capital puede haber 25.000 espacios considerados de ocio recreativo. La vida nocturna atrae a 13 millones de visitantes, sobre todo en Madrid, Barcelona e Ibiza, según datos aportados por el subdirector de Turespaña, Javier Rodríguez Mañas, durante el Tercer Simposio de Actividades Lúdicas y Recreativas, convocado la semana pasada por ECO. En total, supone un volumen de negocio aproximado de 40.000 millones de euros.

Pero el baile de cifras no siempre es claro. Algunas asociaciones señalan la existencia de algo más de 5.000 discotecas en todo el país, otras hablan de 8.000. Los diferentes catálogos administrativos que delimitan las categorías de locales ayudan al lío. La madeja se traslada al procedimiento de obtención de licencias de apertura, y que explica la red madrileña de tráfico de influencias de la llamada Operación Guateque, que suma más de 80 imputados. "Primero, has de solicitar el permiso de obras, que se concede", explica Juan Santamaría, veterano productor y compilador discográfico, que estuvo largamente vinculado al mundo de la noche. "Luego, todo se eterniza, entra en juego la ley del suelo, la de implantación especial, la de medio ambiente...". "Yo sé de muchos bares en España que han abierto, han triunfado, han venido a menos y han cerrado por inanición sin llegar a tener licencia de apertura", reconoce. Todo esto en un proceso que puede arrastrarse durante años. Los funcionarios del caso Guateque cobraban por moverlo.

Para abrir una discoteca en una ciudad española entran en juego más de 30 normas o leyes de diversa índole. El organismo que canaliza la inmensa mayoría de los trámites es el ayuntamiento, que se colapsa. No faltan empresarios que asumen el silencio administrativo como algo positivo. "Pero no es adecuado", indica Salvador Doménech, letrado especializado en hostelería. "La ley está perfectamente regulada, lo que debe hacer la Administración es asumir un plazo razonable para satisfacer la demanda de petición o denegarla". Es decir, evitar la callada por respuesta, que es lo que suele suceder tras la primera fase de todo el procedimiento. Esto provoca un recurso habitual a los juzgados en los que los empresarios, por raro que parezca, suelen encontrar más amparo que en la maraña administrativa. "Si lo ideal es que en una carretera todo el mundo tenga el carné de conducir", opina Pere Díaz, de la Federación de Discotecas de Cataluña (Fadiscat), "lo mismo queremos en nuestro ámbito: que se nos diga si estamos en regla o no, pero sin vivir en la inseguridad jurídica". Si abrir un local es complicado, cerrarlo también (a no ser que el cierre se ejecute administrativamente en plan express, como en Madrid). Cada denuncia sigue su propio curso, y la ley prevé una sucesión de recursos que puede alargarse mucho.

La incidencia de reclamaciones por parte del público a los locales no es relevante y la armonización del ruido con el descanso es clave para el buen desarrollo del ocio español (en Barcelona se ha condenado a cuatro años de cárcel al dueño de un local ilegal). Aunque el problema no está tanto en la insonorización como en los llamados efectos colaterales: gente en las calles, coches amontonados, botellón cerca de clubes, grescas diversas... La habitual ausencia policial en estos casos lo favorece. Sucede de modo similar con el fenómeno after hours. Por ley, están prohibidos en casi toda España, pero no hay provincia que no cuente con algunos de ellos. La última vuelta de tuerca contempla el alquiler de plantas bajas particulares que abren desde el amanecer. Reciben al público con barra y sillas, y sólo cierran cuando la gente se va. Si tienen algo, es la solicitud de licencia para cafetería. Las sustancias ilegales se toman sobre las mesas. La música sale de un CD o de la televisión. Hacen caja a la espera de ser precintados. Cuando esto sucede, ya han generado un dinero. Y los problemas quedan para la imagen del sector.