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El Gobierno cambiará la ley para echar a ANV

Estudia expulsar a los concejales que gobiernen cuyo partido sea ilegal - Las diputaciones gestionarán el ayuntamiento disuelto hasta que haya elecciones

El asesinato del empresario Ignacio Uria por la banda terrorista ETA y la negativa de los concejales de ANV de su localidad, Azpeitia (Guipúzcoa), a condenar el crimen ha impulsado al Gobierno a dar todas las vueltas de tuerca legales que sean necesarias para desalojar a la formación ilegalizada de los gobiernos municipales del País Vasco. El partido está ya ilegalizado por el Tribunal Supremo pero sus representantes legales, concejales y alcaldes se mantienen en 42 ayuntamientos, dado que la actual legislación respeta individualmente a los concejales elegidos, aunque su partido ya no exista. Pero fuentes socialistas apuntan a que habrá reformas que permitirán disolver los ayuntamientos gobernados por los radicales y, previsiblemente, las diputaciones se harán cargo de las corporaciones afectadas hasta el final del mandato, en 2011.

El PSOE lamenta que el PP vuelva a presentar iniciativas en solitario

Algunas fórmulas están ya sobre la mesa del Grupo Socialista, pero la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, informó ayer tras la reunión del Consejo de Ministros que el Gobierno "estudia fórmulas jurídicas para evitar que los concejales de ANV gobiernen en los ayuntamientos". Sobre este asunto conversaron el miércoles por la noche el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, a su regreso de Azpeitia en el avión gubernamental que les trasladó al pueblo del empresario asesinado.

El malestar con el PP del Gobierno, el PSOE y el Grupo Socialista es más que notable, según se apreció ayer en todas las instancias socialistas. El PSOE estima que el PP ha incurrido en una acción de flagrante deslealtad al presentar unilateralmente en los registros del Congreso y del Senado sendas iniciativas para la disolución de esos ayuntamientos, sin hacer partícipes de la iniciativa a los socialistas. En la dirección del PSOE y del Grupo Socialista se recordaba ayer su error al pensar que el PP había renunciado a sacar rédito político del terrorismo y que, tras la última reunión entre Zapatero y Rajoy, habían creído que las iniciativas serían conjuntas. Estas impresiones pertenecen a los más altos dirigentes, aunque prefieren no hacer declaraciones públicas, al menos de momento. Una vez que terminen los funerales y el entierro de la última víctima de ETA, y se celebre hoy el 30 aniversario de la Constitución, quizá cambien de opinión y sí salgan a la palestra.

Mientras De la Vega comparecía en La Moncloa, en el Grupo Socialista ya se manejaba un informe de su equipo jurídico sobre las vías a explorar, siempre en torno al artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que contempla la disolución de los ayuntamientos por el Consejo de Ministros. Esa disolución se promoverá si sus órganos de gobierno enaltecen o justifican el terrorismo. En su actual redacción, no cabría la expulsión de los concejales de ANV, por lo que el Gobierno y el Grupo Socialista barajan añadir un nuevo párrafo: "Los ayuntamientos no podrán ser gobernados por representantes de partidos ilegalizados".

Las fuentes socialistas consultadas reconocen que, en todo caso, también tienen en cuenta otro resquicio legal de aplicación inmediata si hay acuerdo entre los partidos políticos de la corporación municipal de que se trate. La reforma de la Ley Electoral General de enero de 2003 facilita la gobernación de los ayuntamientos en el caso de disolución, ya que cuando se disuelven por la vía del artículo 61, esta ley dispone que no habrá que convocar nuevas elecciones sino que la diputación provincial o foral asumirá la gestión ordinaria de la corporación hasta la finalización del mandato. En el caso de los ayuntamientos, hasta 2011.

La vicepresidenta no entró en tantos detalles pero dio pistas evidentes de que con la redacción actual del artículo 61 es imposible disolver el Ayuntamiento de Azpeitia. En primer lugar, porque la condena del asesinato salió adelante con los votos del PNV, EA y Aralar. Por tanto, no se puede esgrimir para disolver ese Ayuntamiento que ANV impidió la condena.

El Grupo Socialista, desde luego, quiere pactar la reforma con el PP, a pesar del enorme disgusto que le ha producido que haya querido aparecer en solitario al frente de la ofensiva contra los ayuntamientos de ANV. Quizá por eso, el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, aseguró en Catalunya Ràdio que su grupo "va a trabajar para desalojar a ANV de todas las instituciones, desde el consenso y con arreglo a la Constitución". En todo caso, las iniciativas del PP, exigiendo al Gobierno la disolución de esos ayuntamientos, junto a otra de la diputada de UPyD, Rosa Díez, siguen registradas en el Congreso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de diciembre de 2008