Galicia vulneró la ley al difundir datos de drogadictos

El departamento de Vicepresidencia del Gobierno gallego vulneró "el deber de secreto" que garantiza la Ley Orgánica de Protección de Datos cuando publicó en el Diario Oficial de Galicia los nombres y apellidos de una treintena de personas drogodependientes. Entonces, en febrero de 2006, la consellería que dirige el nacionalista Anxo Quintana firmó una orden de ayudas para el tratamiento de pacientes con problemas de drogodependencia y alcoholismo en la que figuraban junto al importe de la subvención los nombres, apellidos y DNI de los 30 beneficiarios. El decreto se publicó en el Diario Oficial de Galicia en su versión impresa y digital, de donde finalmente fue retirada cuando los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia.

Un año y nueve meses después de que comenzase la instrucción, la Agencia de Protección de Datos concluye que la Xunta incurrió en una "infracción muy grave" al difundir información "especialmente protegida" sobre la salud que afectan a "la esfera íntima de la persona". Pese a la calificación de la falta, el expediente no conlleva multa ya que, según la ley, en el caso de las Administraciones, la Agencia de Protección de Datos debe dictar una "resolución estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infración".

El dictamen concluye que existían otras fórmulas para garantizar el requisito de "publicidad, objetividad y concurrencia" a las ayudas públicas y cita la "anonimización o disociación para no identificar a los afectados".

La resolución extiende la exigencia al Gobierno gallego y al resto de Administraciones para que "limiten la publicación de información sensible en los diarios oficiales".

En noviembre, Protección de Datos firmó un dictamen similar que califica también como muy grave la publicación de datos relativos a la salud de un menor y su unidad familiar. Entonces, la información se exhibió en el tablón de anuncios de un colegio sevillano y el dictamen reprendió a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Desde el mes de octubre y ante el creciente número de conflictos relacionados con derechos fundamentales como la vulneración del honor, la intimidad o la propia imagen, un "grupo de autoridades" trabaja para establecer un sistema de garantías para el tratamiento de los historiales médicos electrónicos. En respuesta a una consulta del Sistema Nacional de Salud, el grupo de expertos reclama "el consentimiento previo del paciente".

El director de la Agencia de Protección de Datos, Artemi Rallo, admite su preocupación por la "expansión geométrica" de este tipo de informaciones una vez que son difundidas a través de las nuevas tecnologías, informa María R. Sahuquillo. Recuerda que a partir de enero el Boletín Oficial del Estado se editará sólo en su versión digital, por eso reclaman de las instituciones públicas que "minimicen" la información personal de forma que se permita conciliar las aplicaciones técnicas con la ley de protección de datos". El debate interno en la agencia se centra en cómo reparar las consecuencias de errores como los de los Gobiernos gallego y andaluz.