El PSE tiene la llave para que 14.000 funcionarios disfruten de 'moscosos'

La guerra por los moscosos, los seis días libres al año para asuntos propios reconocidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, ya ha llegado al Parlamento. Al menos 14.000 funcionarios de la Adminitración general y de la Ertzaintza verán en peligro el disfrute de estos días si el artículo 22 del proyecto de ley de Presupuestos queda tal y como ha sido redactado por el Gobierno.

En los últimos meses, los sindicatos han venido ganando mayoritariamente en los tribunales los pleitos planteados por este asunto, reconocido para el resto de funcionarios en Euskadi. Por ello, el Ejecutivo introdujo en el proyecto de ley presupuestario una disposición que soslaya esas resoluciones judiciales y desnaturaliza los seis días de asuntos propios al considerarlos "días laborables retribuidos, aunque no tiempo de trabajo y por tanto de naturaleza recuperable".

Tres partidos de la oposición (PP, EHAK y Aralar) han registrado por separado otras tantas enmiendas para suprimir este artículo, de modo que los socialistas tienen en su mano el reconocimiento de los moscosos para los 14.000 funcionarios. Su apoyo en la tramitación de las enmiendas propiciaría la supresión del artículo.

Al conocer su introducción, los sindicatos CC OO, UGT, ELA y las centrales de la Ertzaintza (Erne, Esan, Sipe y Euspel) pusieron el grito en el cielo contra el Gobierno, calificando la maniobra de "abuso oportunista", "agravio comparativo" y "grave atentado al derecho de negociación colectiva". Y en una reunión celebrada el pasado 7 de noviembre, de la que se descolgó finalmente ELA, solicitaron a los partidos que se concertaran para suprimir dicho artículo en la tramitación parlamentaria.

El pasado jueves, al cerrarse el plazo, el PP, EHAK y Aralar habían registrado sendas enmiendas de supresión con argumentos parecidos o, en su caso, no excluyentes. Los dos últimos grupos estiman que esa disposición "va en contra de los derechos de la negociación colectiva de los trabajadores". Aralar, además, apunta se enfrenta a "la jurisprudencia establecida por los juzgados", en alusión a la sucesión de sentencias ganadas por los sindicatos. Los populares, por su parte, consideran que esa regulación "no procede en la ley de Presupuestos" y, además. "incumple la ley Básica" [el Estatuto del Empleado Público].

Los socialistas, que cerraron la pasada semana el acuerdo presupuestario con el Ejecutivo, no han enmendado el artículo 22. Sin embargo, en otra enmienda, piden que "en el plazo de seis meses" desde que entre en vigor la ley presupuestaria, el Gobierno vasco remita a la Cámara un proyecto de ley de la Función Pública para "realizar las adaptaciones que resulten oportunas" al Estatuto del Empleado Público. La parlamentaria del PSE Joana Madrigal apuntó que aún no han decidido si votarán en contra o se abstendrán cuando se discuta a mediados de mes las enmiendas parciales a las cuentas. Su apoyo a las enmiendas facilitaría la supresión definitiva del artículo 22. Sobre todo porque, según apuntan los sindicatos, en sus conversaciones con los grupos parlamentarios "EB y EA han sido receptivos con nuestra reivindicación". "Aunque ya nos adelantaron que no podían presentar una enmienda de supresión, podrían abstenerse e, incluso alguno de ellos, apoyarla", aseguran fuentes sindicales.

El número de personas afectadas por la medida y la cercanía de las elecciones, a las que cada partido pretende llegar con el perfil más diferenciado posible, puede hacer posible ese desmarque de EA y EB. Pero habrá que esperar hasta mediados de diciembre, cuando se votan las enmiendas, para saberlo.