La mujer rural sigue siendo invisible

El campo es uno de los sectores donde más se hace esperar la igualdad entre hombres y mujeres. En Andalucía hay en la actualidad unas 188.000 mujeres que trabajan en el campo sin ningún tipo de prestación económica o social. En octubre de 2005, los ministerios de Trabajo y Agricultura firmaron un convenio con las organizaciones agrarias para, a través de diversos incentivos, intentar acabar con la invisibilidad de la mujer rural y avanzar hacia la cotitularidad de las explotaciones agrarias.

A través de ese convenio, en Andalucía se otorga una bonificación del 30% durante los tres primeros años en las cuotas a la Seguridad Social para aquellas mujeres que se incorporen como cotitulares en las explotaciones familiares agrarias y que no superen, a su vez, los 40 años.

Casi 200.000 campesinas trabajan sin ninguna prestación social

El Gobierno de la nación prepara un decreto sobre la cotitularidad

Sin embargo, tres años después, en Andalucía sólo 344 mujeres se han acogido a ese convenio, una cifra tan exigua que las asociaciones de mujeres achacan al bajo porcentaje de las bonificaciones y, sobre todo, a que las beneficiarias no pueden superar los 40 años, una edad que rebasan ampliamente las mujeres que se dedican a la agricultura en Andalucía.

"En Andalucía, el grueso principal de mujeres que se dedican a la agricultura tienen más de 40 años, por lo que el límite de edad entendemos que es el principal obstáculo que explica un número tan pequeño de mujeres acogidas a la normativa actual", explica Montserrat Moyano, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Andalucía (Fademur).

Fademur se ha reunido con la viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y con la viceconsejera de Agricultura y Pesca, Eva Cano Pérez, a quienes ha planteado que la Junta modifique los criterios que ahora se exigen en Andalucía (cada comunidad tiene su propia normativa).

Así, Fademur pide que la bonificación aumente un 20%, hasta alcanzar un beneficio del 50%, y reivindica, del mismo modo, que el tramo de edad beneficiario de esta línea de ayudas aumente hasta los 55 años.

Montserrat Moyano cree que Andalucía, que ha sido pionera en muchos campos relacionados con la igualdad (también lo fue en contar con un gobierno paritario), "tiene una asignatura pendiente en el mundo rural", pues al menos hay tres comunidades autónomas, Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia donde las bonificaciones son del 50% y el tramo de edad exigido se amplía hasta los 45 años.

El Gobierno andaluz estudia la propuesta de Fademur, que podría cerrarse en las próximas semanas y materializarse con un aumento en los presupuestos de 2009.

Mientras tanto, el Gobierno de la nación prepara un decreto que regulará el régimen jurídico para la cotitularidad compartida de las explotaciones agrarias. El borrador del documento ha sido elaborado por tres ministerios, el de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el de Trabajo y el de Igualdad, y en la actualidad está pendiente de recibir el informe del Consejo de Estado. El decreto pretende hacer visible el trabajo de la mujer rural y hacerla partícipe de las gestiones y los beneficios que de ello se deriven.

En Andalucía viven unas 800.000 mujeres en el medio rural. De éstas, algo más del 60% (unas 480.000) son agricultoras, pero sólo el 15% (72.000) están dadas de alta como titulares de la explotación agraria. Este número de agricultoras por cuenta propia se unen a otras 220.000, que es la media de mujeres que en los últimos años han sido perceptoras del subsidio agrario, es decir, agricultoras por cuenta ajena. El resultado es que unas 188.000 mujeres, el 39,1%, trabajan en la agricultura sin ningún tipo de prestación o derecho social y engordando las cifras de la economía sumergida. Se calcula que de las 48.000 explotaciones familiares inscritas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, únicamente en el 10% aparecen mujeres inscritas, unas 5.000 en Andalucía, que pueden optar a prestaciones sociales.

Tradicionalmente, una de las principales vías para poder optar al subsidio agrario ha sido el antiguo Plan de Empleo Rural (PER), ahora denominado Aepsa (Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria), pero ese sistema ha primado tradicionalmente al hombre. La falta de cotización de muchas mujeres en el medio rural les cierra también la puerta para su incorporación a la renta agraria que, desde el año 2003, ha sustituido al antiguo subsidio de desempleo agrario.