Marea negra en torno a RepsolLa venta de coches cae un 50% en noviembre

El barrizal que ha originado la venta del 30% del grupo Repsol a la entidad rusa Lukoil ha trascendido también en Argentina, mientras los dos principales accionistas (Sacyr y La Caixa) se mantienen a la expectativa sobre las negociaciones de venta de sus títulos en la compañía. Los principales activos del grupo petrolero están en el país suramericano, pertenecientes a YPF, la empresa en la que Repsol tiene el 85% y el grupo Eskenazi el 15%, mientras el Estado argentino se guardó la propiedad de 1.000 acciones exclusivas (denominadas tipo A) que le dan derechos especiales.

Y si en España se ha originado todo un maremoto por la operación, con ramificaciones políticas (el líder del PP, Mariano Rajoy, ha pedido una comisión de investigación parlamentaria), el Ejecutivo que preside Cristina Fernández de Kirchner mira cada vez con más preocupación la evolución del proceso, que tiene a los bancos acreedores de Sacyr enfrascados en arduas negociaciones con el grupo ruso. En definitiva, ni en un lugar ni en otro se observa con buenos ojos la entrada de capital ruso en un sector considerado estratégico como el petrolero.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tratado de tranquilizar al argentino subrayando que Repsol va a seguir siendo una empresa con sus centros de decisión en España y Argentina. Eso es lo que quieren oír en Buenos Aires. Pero, en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, tienen muy claro que en el caso de que el nuevo inversor en Repsol, toda vez que cristalice la operación, quiera revisar los acuerdos firmados entre Repsol y la familia Eskenazi para repartirse el control de YPF, actuarían en consecuencia para oponerse a la operación.

Argentina no cuenta con la posibilidad de ejercer la acción de oro en el sentido de vetarla. El Estado sienta un representante en el consejo de administración de esta compañía y, evidentemente, se opondría si los derroteros discurrieran por ese camino. Desde esa posición puede oponerse, por ejemplo, a que se vendiera la empresa, que se cambiara la sede o que se quisieran vender pozos de petróleo.

En ese sentido, parece que los términos pactados con la firma rusa no contemplan ningún tipo de intromisión de ese tipo y que se mantendría la gestión a cargo del equipo directivo presidido por Antonio Brufau. Es decir, los centros de decisión del grupo seguirían estando en España y Argentina, extremos que evitarían esos conflictos. Es lógico, por otra parte, que todos quieran curarse en salud y pongan advertencias en el trayecto, por mucho que el propio Brufau insista en subrayar que si Lukoil, o cualquiera que fuera el que entrara en Repsol, quisiera controlar la empresa estaría obligado a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% del grupo. La oferta de Lukoil se limita al 30%, tope en el que está fijada la obligatoriedad de lanzar una OPA por la ley de valores española.

La postura del Gobierno argentino, que en cualquier caso todavía no ha pasado de ser un comentario de fuentes de su entorno, puede servir perfectamente de argumento más al Ejecutivo español para montar la oposición al acuerdo. Según las fuentes consultadas, el Gobierno de Kirchner apoyaría que el español realice una intervención directa y tome eventualmente el 20% de Sacyr, algo que también han sugerido fuerzas sociales y sindicales en España, además del PP. Es una posibilidad de difícil ejecución porque supondría un precedente peligroso, ya que se consideraría que ayuda a una empresa cuando no lo ha hecho con otras, y también porque está muy reciente el proceso de privatización de empresas públicas llevado a cabo en España y que precisamente terminó el Gobierno del PP.

Mientras tanto, el grupo constructor presidido por Luis del Rivero y la caja de ahorros que preside Isidro Fainé han pasado una semana repleta de tensiones, en la que parece haberse terminado la convivencia pacífica que habían mantenido durante estos dos últimos años, desde que Sacyr entró en la petrolera. Pero las dos partes coinciden en que quieren vender. La primera porque los ingresos obtenidos por la venta le supondrían un extraordinario respaldo para rebajar su deuda de 18.000 millones de euros y la caja porque considera que su inversión en Repsol ya está madura y se puede sacar muy buenos réditos por ella. -Información

privilegiadaLa caída de la venta de coches sigue sin freno. Mañana se anunciará la correspondiente a noviembre y todo apunta a que durante este mes se ha recortado un 50%. El porcentaje, uno de los mayores ocurridos en los últimos 15 años, confirma la atonía de meses anteriores y justifica las ayudas anunciadas por el Gobierno de 800 millones, que han sido bien recibidas por el sector, con mucha presencia en España.