Cuatro empresas irán a los juzgados contra el nuevo permiso ambiental

Cuatro empresas vascas han anunciado al Departamento de Medio Ambiente, que encabeza Esther Larrañaga, que acudirán a los tribunales contra la Autorización Ambiental Integrada, el nuevo permiso impuesto por la Unión Europea que reúne en uno solo todos los permisos actuales y endurece los requisitos para su obtención. Esta autorización resulta obligatoria para casi 300 compañías calificadas como las más contaminantes de la comunidad autónoma.

Estas cuatro compañías, radicadas en Vizcaya y Guipúzcoa, de gran tamaño y pertenecientes a sectores como el cemento, entienden que la normativa no les resulta aplicable en aspectos concretos como las emisiones y, por tanto, no deben cumplir las medidas correctoras impuestas por la consejería, señalaron fuentes del Departamento de Medio Ambiente, que no precisaron los nombres de las cuatro compañías.

Las cuatro firmas se hallan radicadas en Vizcaya y en Guipúzcoa

Los mismos medios aseguraron que las denuncias todavía no se han interpuesto, entre otros motivos porque en muchos casos aún no ha finalizado la fase de alegaciones a las autorizaciones ambientales. El Gobierno cerró inicialmente el pasado mes de abril, cuando expiraba el plazo, el trámite de permisos. Entonces 209 firmas recibieron el permiso provisional (en todos los casos se han establecido medidas correctoras que deben ejecutarse para lograr la definitiva) y quedaba pendiente la tramitación de otras 63.

Según los últimos datos oficiales de la consejería, del pasado octubre, a esas 209 autorizaciones provisionales se han añadido otras 11 de proyectos industriales nuevos (como las plantas de biocombustible del Puerto de Bilbao promovidas por Diesel Energy y Biocombustibles de Zierbena o una factoría de Fagor en Arrasate). Medio Ambiente prevé tramitar en breve los permisos en otras 23 empresas.

Las medidas correctoras impuestas por la consejería para contar con la Autorización Ambiental Integrada definitiva han sido además recurridas administrativamente por cerca del 60% de las compañías implicadas. Alrededor de 180, según las fuentes consultadas, han presentado alegaciones. Por todo ello, la resolución definitiva de estos permisos se puede demorar otro año más. A esta situación se une que han surgido otras 25 nuevas actividades industriales que deben contar con este permiso.

El Gobierno asegura que mantiene abiertos un total de diez expedientes sancionadores a compañías que ni siquiera han presentado la documentación, pese a que este proceso se inició en el año 2006.

Estas firmas se encontrarían abocadas en el cierre (así lo prevé esta norma impuesta por la Unión Europea) y entre ellas, según la información facilitada por la consejería, figuran Altusa, ubicada en Salvatierra y dedicada a la fabricación de tubos de acero, con 448 trabajadores; Fundiciones Gelma, en Mondragón, con 189 empleados; Fábrica de Productos Químicos en Trapagaran (10 empleados); Cromados Arrizabalaga, que se dedica al tratamiento y recubrimiento de metales en Deba (20 empleados), y Praxair, una planta química en Bilbao, que cuenta con un total de nueve trabajadores.

Cuando el pasado mes de abril se concedieron las autorizaciones ambientales provisionales, la consejería marcó plazos de entre 6 y 12 meses, según cada caso, para cumplir con las medidas correctoras, por lo que en estos meses se debe conocer si hay permisos definitivos o, por el contrario, ha habido compañías que no han aplicado lo exigido.

La llamada Autorización Ambiental Integrada establece niveles máximos para distintos índices sobre contaminación (hasta ahora se integraban todos) en cada fábrica según su situación y su sistema productivo. Reúne en una sola todas las autorizaciones actuales, dispersadas entre las diferentes administraciones, y que ahora competen al Departamento de Medio Ambiente.