Matizando a Zapatero

Haciendo zapping esta semana, me encontré con el presidente del Gobierno español interviniendo en el Parlamento. Hablaba sobre la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio con efectos de 1 de enero de 2008. Un impuesto que se hallaba cedido a las comunidades autónomas y que para Galicia suponía un instrumento más de autonomía tributaria, en la medida en que contaba con amplias capacidades para modificar tipos impositivos y deducciones. El presidente del Gobierno trataba de justificar su decisión ante un parlamentario (creo que pertenecía a Izquierda Unida, el único grupo que hoy defiende esto de la progresividad fiscal; lástima que pierda el tiempo en asuntos internos) que no estaba de acuerdo con la decisión. Los argumentos fundamentales que utilizaba eran que se trataba de un impuesto que ya no existía en los países de nuestro entorno, que recaía sobre las clases medias y que generaba más problemas que ventajas.

No parece que estemos ante una situación de expolio y confiscación del capital en España

La mayor parte de los académicos que nos dedicamos a estas cuestiones no nos ha parecido razonable una supresión a la que no ha precedido un debate serio. Es verdad que el tributo requería una reforma sustancial. Pero es mucho más discutible la oportunidad de su eliminación. No sólo por su rol como instrumento de autonomía fiscal para las CC AA, sino como un mecanismo que contribuye a la redistribución y el control tributario.

Es verdad que recientemente ha sido suprimido en Finlandia, Luxemburgo o Suecia, pero también que, en Europa, se mantiene en Francia, Noruega y Suiza.

Es verdad que en la forma en que estaba configurado, los patrimonios más altos cuentan con más vías de escape, pero los estudios disponibles muestran que el tipo impositivo efectivo que pagan quienes tienen una base imponible entre 1 y 5 millones de euros (para una pareja en gananciales, de 2 a 10 millones de euros) no es muy superior a quienes disfrutan patrimonios superiores. Y todos ellos tributan más que parejas en gananciales con un patrimonio neto hasta dos millones de euros. Teniendo en cuenta que la valoración de los inmuebles se hace por el valor catastral y que el valor de las deudas se detrae del valor de los activos, me da la impresión de que hay muchas parejas de clase media con una base imponible inferior a esos dos millones. Al menos en Galicia.

Por otro lado, la incidencia del impuesto no alcanza nunca el 1% de la riqueza neta. Es decir, lo que pagan anualmente los sujetos pasivos del impuesto no supera el 1% de su riqueza acumulada. Por comparación: un asalariado medio paga por IRPF en torno al 20% de su salario anual. Si además tenemos en cuenta el trato privilegiado que se le da hoy a las rentas de capital en el IRPF, no parece que estemos ante una situación de expolio y confiscación del capital. En España, los salarios llegan a tributar al 43% en el IRPF; intereses, dividendos, ganancias en bolsa a un tipo fijo y único del 18%. ¿Dónde está la confiscación?

No sé quién ha asesorado al presidente en esta materia, pero sí me gustaría recordar que en 2002 la Fundación Alternativas publicó un informe elaborado por un grupo de expertos a petición del Secretario de Economía y Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. El texto final lo firmaban, entre otros prestigiosos expertos, Antoni Castells, Alberto Gago, José Antonio Herce, Javier Ruiz-Castillo, Jesús Ruiz-Huerta y Julio Segura. Entre sus conclusiones figuraba la siguiente: "Frente a las nuevas presiones para su eliminación, debe defenderse de nuevo la importancia de estos impuestos para reforzar el componente progresivo del sistema, servir de instrumento de control de los bienes y derechos generadores de renta, facilitar la aplicación del IRPF y, según hemos visto, completar el control de determinadas rentas escondidas en patrimonios". Era un buen informe.

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