El nuevo Centro de Artes Visuales nace impugnado

El esperado proyecto del Centro Nacional de Artes Visuales (CNAV), que albergará los museos del cine y de la fotografía, empieza definitivamente con mal pie. El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) decidió ayer impugnar el procedimiento de adjudicación de la gran obra de rehabilitación de la antigua Tabacalera de Madrid al estudio Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, proyecto que hace dos semanas presentó a los medios el ministro de Cultura, César Antonio Molina.

Ya en la víspera de aquel acto en los salones del ministerio, saltó la polémica, cuando en una nota el CSCAE mostraba su "rechazo a este tipo de adjudicaciones directas, que vulneran los principios de publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad" y se reservaba la posibilidad "de recurrir ante los tribunales".

Con un presupuesto de 30 millones, es uno de los proyectos estrella de Cultura

Según el ministerio, para la adjudicación convocó "a siete equipos de arquitectos españoles de probado prestigio y dilatada experiencia, a presentar una propuesta arquitectónica y urbanística... que fueron luego analizadas por una comisión de valoración, resultando de dicha actuación la selección de la propuesta".

El Consejo de Arquitectos, que se reunió ayer por la tarde, aprobó por unanimidad impugnar la controvertida adjudicación. "Nos oponemos a este procedimiento negociado que no se ajusta a la ley", explica el presidente del consejo, Carlos Hernández Pezzi. No ha habido ningún tipo de concurso, ni abierto ni restringido, sino una convocatoria por "invitación directa". El procedimiento para adjudicar el contrato de redacción del proyecto y dirección de esta obra que abarcará 30.000 metros cuadrados se ha realizado a través de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segispsa), una sociedad mercantil dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.

El CSCAE basa su recurso en dos incumplimientos por parte de Segipsa, según fuentes jurídicas del consejo: el principio de publicidad (en el plazo de 10 días hábiles antes de la adjudicación) y el de procedimiento. En cuanto al primero, la sociedad incumple varias normas, incluso las suyas: "El procedimiento seguido por Segipsa se ha llevado a cabo omitiendo por completo el requisito de publicidad, que en todo caso sería inexcusable con arreglo a la directiva europea y la legislación española sobre contratos del sector público. Las características e importancia del objeto de este contrato hacen impensable que pudiera estar por debajo del umbral que se establece en dichas normas... Los anuncios de convocatoria y adjudicación tendrían que haber sido insertados en el Diario Oficial de la UE y en la página de Internet de Segipsa, en el apartado "Perfil del contratante".

La publicidad, en caso de los contratos de servicios, es obligatoria cuando se sobrepasan los 206.000 euros, "y los honorarios de los arquitectos entendemos que superan esa cantidad", según el consejo. "Incluso si hubiera sido menor tendría también que haberse publicitado en la web de Segipsa según su normativa". Al no haberlo hecho, según el consejo, "se incurre en una manifiesta e injustificable violación de los principios de publicidad y transparencia, que son básicos en el régimen de contratación del sector público con arreglo a la directiva europea (art. 2) y a la ley española (artículos 1 y 123) y que aparecen expresamente mencionados por la propia entidad Segipsa en su documento Instrucciones de contratación publicado en la página web www.segipsa.es".

En cuanto al procedimiento, éste puede ser abierto (una convocatoria a todos los titulados, por currículo, por ejemplo) o restringido: convocar a unos determinados arquitectos "a los que previamente se solicitan unos requisitos concretos, como su solvencia, y nada de eso se ha cumplido", según el consejo.

Eso sí, nadie duda del prestigio y experiencia de los siete arquitectos, que recibieron por correo electrónico la invitación el 29 de julio. Ni de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano (Premio Nacional de Restauración 2006 por el Museo Nacional de Escultura), el equipo elegido para un proyecto presupuestado en 30 millones de euros y que debería estar terminado, según los planes del ministerio, en 2012. El ministro explicó así, el pasado día 13, por qué había seguido ese procedimiento "ajustado a la ley": "Una de mis obsesiones es que las obras no se eternicen".

Ahora, ese riesgo existe. El Consejo de Arquitectos impugnará la obra mediante un recurso especial administrativo ante el Ministerio de Economía y Hacienda, al que está adscrito Segipsa; éste trasladará el recurso a los interesados, que tendrán un plazo de cinco días para formular alegaciones; una vez que el ministerio las reciba tiene otros cinco días hábiles para resolver el recurso.

Si ese ministerio admite que el consejo tiene razón, el asunto se puede resolver rápido: se anularía la adjudicación y se iniciaría un nuevo procedimiento de adjudicación. Pero si lo desestima, el Consejo de Arquitectos irá a los tribunales: elevará el recurso por la vía contenciosa administrativa. Y ahí, una de las obras estrella de Cultura puede eternizarse.