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El retraso de la Generalitat en los pagos ahoga a las entidades sociales

Empresas que prestan servicios públicos cobran con hasta cinco meses de demora

Las entidades sociales que prestan servicios públicos se mueven sobre el alambre: la Generalitat, para la que gestionan centros de acogida, residencias de ancianos y decenas de otros servicios, les paga ahora entre unos 5 y 10 días más tarde, lo que a efectos prácticos supone un mes de retraso. En algunos casos, por presuntos errores burocráticos, el retraso alcanza hasta los cinco meses. Esto pone en un brete a unas empresas forzadas a endeudarse en un panorama de severa restricción crediticia. "De seguir así no quedará otra opción que renunciar a estos servicios o reducir nuestra plantilla", lamenta Ana Collado, gerente de ECOM, federación que agrupa a 130 entidades de Cataluña que atienden a discapacitados físicos. El amago de colapso ha encendido las alarmas de un sector que da servicio a un millón de usuarios y emplea a unos 52.000 profesionales.

"La Generalitat nos debe 200.000 euros. No paga desde mayo", dice una asociación

El aprieto empezó a fraguarse la primavera pasada, cuando la Generalitat retrasó el pago de los servicios de forma indiscriminada por unos pocos días. Este lapso, que Economía justifica por el retraso con que la Generalitat recibe los fondos del Gobierno central, basta para cruzar la barrera del fin de mes. La cuestión se aclara sobre el calendario: antes las entidades cobraban los servicios realizados en agosto a mediados de octubre. Ahora lo hacen sobre el día 30 de ese mismo mes, una vez ya han cargado de su propia cuenta con las nóminas y el resto de gastos mensuales.

El coste añadido recae en una póliza de crédito cuyo tipo de interés ronda el 18% mensual, y subiendo. Las entidades bancarias, alérgicas a pólizas crediticias en tiempos de escasa liquidez, las encarecen o simplemente las suprimen de su oferta de productos financieros. El Departamento de Economía amenaza con cerrar el grifo: estudia retrasar los pagos hasta otros 30 días, según ha notificado a algunas entidades. "Trabajamos para evitar que así sea pero no podemos garantizarlo", apuntan fuentes del departamento, que señalan: "Las restricciones de crédito nos afectan a todos, también a la Generalitat".

ECOM rechaza el argumento porque señala que los presupuestos de 2008 se cerraron antes del temporal financiero. "El problema es la mala gestión del Departamento de Acción Social. Ha habido retrasos injustificados de muchos meses porque habían perdido el expediente en cuestión", protesta Collado. La posible recesión tampoco escapa a su argumentación: "El año que viene da pánico: se juntará la mala gestión con los problemas económicos". APPS, federación que representa a 269 entidades sociales y a 4.000 profesionales que trabajan con discapacitados mentales, achaca el problema al "sálvese quien pueda" con que la Administración responde a la virulencia de la crisis. "La Generalitat ingresa menos dinero y traslada el problema al último de la fila. Somos nosotros", razona Xavier Masllorenç, presidente de APPS.

Estas federaciones añaden que al retraso generalizado se solapan otros de mayor gravedad. Economía replica que paga los servicios a 74 días. Una media estadística que, admite, escamotea otros retrasos de mayor entidad. Acción Social, por su parte, acota las demoras a "casos concretos y de pocos meses".

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Rosa, nombre ficticio, gestiona desde hace 10 años centros de acogida a mujeres maltratadas. Pide el anonimato para explicar que Economía le adeuda 200.000 euros sólo en nóminas, que se han ido acumulando desde mayo. "Estamos a punto de arruinarnos por hacer un servicio público de la Generalitat", lamenta. Su empresa, que emplea a una cincuentena larga de profesionales, ha rozado la bancarrota: consumió el tope de su póliza de crédito pero tras meses bregando entre funcionarios ha arrancado una promesa de pago para fines de este mes. El logro es pírrico: ahora debe resolver cómo pagar los casi 40.000 euros que adeuda al banco en intereses.

Jaime, nombre supuesto del gerente de un centro de atención para inmigrantes, dejará de serlo el próximo 31 de diciembre: su empresa ha decidido renunciar a la gestión de este servicio. Jaime, pese a su incierto futuro laboral, es el primero en agradecerlo. "Demasiado estrés. Me he hartado de llegar al límite a cada fin de mes. Y con el panorama económico que se acerca...", apura sin terminar la frase.

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