Las demandas por despido e impago de salarios se disparan en Barcelona
Algunas empresas se amparan en la crisis para cerrar o reducir plantilla
Los efectos de la crisis económica ya han llegado a la justicia. El año pasado se presentaron 7.140 demandas por despido en los juzgados de lo social de Barcelona. Hasta el pasado día 16 ya se contabilizaban 8.820. Es decir, el 23,5% más. El incremento ha sido aún mayor en las llamadas reclamaciones de cantidad, las demandas motivadas por el impago de la nómina o de algún complemento salarial. El año pasado se presentaron 6.930 asuntos y a falta de mes y medio para que concluya el año ya van 9.540, el 37,6% más.
La mayoría de las demandas finalizan con sentencia favorable al trabajador y se declara la improcedencia del despido. Eso significa que el obrero tiene derecho a cobrar una indemnización en función de los años trabajados, aunque no siempre se hace efectiva porque, en ocasiones, la empresa desaparece.
Hay empresas que intentan abaratar más el despido, dicen los abogados
Hasta el pasado 23 de octubre se habían realizado 5.602 consignaciones judiciales de indemnizaciones por despidos improcedentes. En el mismo periodo del año pasado fueron 4.731, explica el magistrado Ignacio de Torres, decano delegado para la jurisdicción social, quien censura que la Generalitat no haya aumentado el personal de este servicio. Del 23 de octubre al 16 de noviembre ha habido 810 consignaciones más que en esos mismos días de 2007.
Francesc Melero, responsable de la asesoría jurídica de CC OO de Cataluña, pronostica que se agravará una situación que ya empezó a empeorar en septiembre. "Ahora están cerrando empresas de todo tipo, no sólo de la construcción", relata.
Anna Tomé, abogada desde hace 16 años del Col·lectiu Ronda, alerta de que hay empresas que utilizan la crisis como pretexto para, por ejemplo, presentar concurso de acreedores, lo que antes se llamaba suspensión de pagos o quiebra. "Y lo grave no es eso, sino que los jueces no hilen fino y acepten el concurso al amparo de la crisis sin que existan motivos reales", asegura.
Los abogados laboralistas también han detectado que, bajo pretexto de la crisis, hay empresas que intentan abaratar más los despidos con una aplicación injustificada de la ley. O sociedades que no extinguen la relación laboral con el trabajador, pero no les abona el salario, lo que les impide tramitar el subsidio de desempleo.
Esperando al Fondo de Garantía
Lluís Cintas: Tiene 40 años y cuatro hijos. Hacía 18 que trabajaba en Spot & XM, dedicada al diseño gráfico y mercadotecnia que presentó concurso en julio al amparo de una deuda ficticia generada por uno de los dos socios, deseoso de desprenderse del negocio.
La justicia declaró la improcedencia del despido de los 12 trabajadores y les reconoció una indemnización de 45 días por año, con los topes legales, pero no hay un euro de dónde echar mano y tendrán que esperar a cobrar del Fondo de Garantía Salarial. Su esperanza es que uno de los socios reanude la actividad de una empresa familiar que es rentable.
Logra 36 días por año trabajado
Anna Maria Marín: Hacía 17 años que trabajaba de administrativa en Humiclima, una filial de ACS dedicada a la climatización. Antes del verano recibió una carta anunciándole el traslado temporal a Madrid en cinco días por causas organizativas. Está separada y tiene a su cargo dos hijas, por lo que la empresa sabía que lo rechazaría y así le saldría muy barato despedirla.
Demandó a la empresa por vulneración de los derechos de los trabajadores y antes de que se celebrara el juicio negoció y logró 36 días de salario por año trabajado. "Nunca me dieron la opción de recolocarme, sólo querían despedirme porque era cara".
Cinco meses sin cobrar
Jaime Casanova: 28 años, empleado en Redes y Canalizaciones Quirós, una subcontrata de Sacyr que emplea a 17 trabajadores. El 1 de julio la empresa les dijo que les concedía un permiso retribuido. Es decir, que no cerraba, pero que tampoco les despedía.
La justicia obligó a readmitirlos al apreciar que se trataba de un despido tácito, pero no declaró extinguida la relación laboral por incumplimiento contractual, por lo que no pueden ser indemnizados y llevan cinco meses sin cobrar. La empresa presentó concurso de acreedores, que, debido al colapso judicial, se ha empezado a tramitar hace un mes.
Embargo para la indemnización
Manuel Castro: Tiene 2 hijos, 43 años y 19 de antigüedad en Cosersa, una empresa de Cornellà dedicada al montaje de estantes para ferias y exposiciones. El empresario decidió en junio el cierre patronal sin ninguna justificación porque, como recuerda este trabajador, él ha realizado hasta 800 horas extraordinarias por el exceso de actividad.
La justicia anuló los despidos y el Inem les reclama ahora a los 50 empleados el subsidio que percibieron durante tres meses. La mitad de ellos ya están recolocados. Todos esperan ahora que prospere el embargo de la maquinaria para ser indemnizados.
Víctima de cerrojazo patronal
Vicente Campano: Otro caso de cerrojazo patronal por falta de liquidez. La firma es Instalfase, de Sant Just Desvern (Baix Llobregat), dedicada a instalaciones eléctricas, con siete empleados y los dos socios. Fueron despedidos el 31 de mayo tras dos meses sin cobrar. La justicia también declaró nulos los despidos, pero ni han sido readmitidos ni indemnizados.
Los trabajadores esperan que se declare la insolvencia de la empresa para acudir al Fondo de Garantía. Castro tiene 56 años y dos hijos. Hace meses que no para de repartir su currículo, "pero con mi edad es muy difícil que me contraten".
Baja actividad pero cada día al trabajo
Jordi Vadillo: Es empleado de Disa, dedicada al etiquetado autoadhesivo, con sede en Sant Just Desvern (Baix Llobregat) y una plantilla de 140 trabajadores en varios centros de trabajo. Los empleados denuncian poca voluntad patronal para seguir la actividad, pese a la importante cartera de clientes que tienen.
La plantilla dejó de cobrar en septiembre y solicitó la extinción voluntaria de los contratos. La empresa respondió con un ERE y después con el concurso de acreedores. Acuden cada día al centro de trabajo, pero apenas hay actividad. Vadillo tiene 47 años, una hija, y lleva 25 en una fábrica que data de 1963.
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