Traballo prepara planes como el del automóvil para sectores en crisis

La Xunta no cree haber abierto la caja de Pandora al dar vía libre a un plan específico para evitar regulaciones de empleo en la automoción. Fuentes de la Consellería de Traballo señalaron ayer que las ayudas que aprobará hoy el Consello de la Xunta, que rondarán los 10 millones de euros, "no les saldrán gratis" a los proveedores implantados en el entorno de PSA Peugeot Citroën. Cada uno deberá aportar alrededor del 40% del coste de los cursos que se impartan durante ese mes, y las subvenciones tendrán un límite de entre 200.000 y 300.000 euros por empresa.

Sin embargo, el departamento que dirige Ricardo Varela sí está pensando en poner en marcha nuevas políticas para reciclar conocimientos de los trabajadores más afectados por la crisis, como los de la construcción o el textil. Creen que de esta forma "se podrán aprovechar las oportunidades dentro de un marco de debilidad de la economía".

Por ahora, la previsión de gasto para el año que viene destinada a formación ocupacional y continua todavía está por determinar, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Se espera que el trabajo en las mesas de diálogo social sirva para "adaptar las estructuras productivas a la crisis" y que los trabajadores "sufran el menor número de regulaciones posible".

En el plan de choque para la industria auxiliar del automóvil, que se presentará este viernes al sector, la Xunta exigirá a las empresas que quieran sustituir sus ERE por horas de formación, que vayan negociando con sus trabajadores la introducción de medidas de flexibilidad laboral. Se trata de que adopten herramientas similares a las que tiene PSA en Vigo, como la llamada "bolsa de horas", en donde la multinacional acumula los días de inactividad de la plantilla para utilizarlos en épocas de mayor trabajo.

Desde la Xunta creen que este es el camino para conseguir evitar la pérdida de empleo durante un periodo como el actual, de fuerte descenso en los pedidos.

Las empresas que tengan expedientes de regulación de empleo aprobados (caso de las auxiliares Faurecia, Itonor, Antolín, Visteon o Guiauto) no podrán acogerse a estas ayudas. Las que sí podrán son aquellas que ya los han presentado y cuya tramitación no ha terminado. En esa situación están Tramaga, Termicar Vigo, Inergy Automotive, Transportes Taboada, TD Brokers, Treves Galicia, Distevi, Tecnomicra Mecanizados, Dalphi Metal y Universal Textil de Galicia. Todas ellas han presentado expedientes que, sumados, afectan a unos 850 trabajadores, sin contar que Dalphi ha presentado en Madrid la regulación para sus 750 operarios gallegos.

Se calcula que 1.203 empresas con cerca de 8.000 trabajadores estarían en condiciones de pedir las subvenciones, que se implementarán en forma de convenios bilaterales entre la Administración y las empresas.

En este contexto, los sindicatos están especialmente preocupados porque la crisis vaya a suponer un paso atrás en los derechos de los trabajadores. El propio conselleiro, Ricardo Varela, señaló ayer que la intención de algunas empresas de congelar los salarios para el próximo ejercicio "no depende de la posición de un empresario", sino del acuerdo con los trabajadores en el marco de los convenios colectivos. Sin ese acuerdo de las partes "no se podrá aplicar de forma unilateral y desoyendo los resultados de la negociación".

En cuanto al panorama laboral del año próximo, "todo está aún por definir", según fuentes del sector, y se espera que a mediados del mes de diciembre la factoría de PSA en Vigo anuncie su calendario del primer trimestre. Con él se despejarán algunas de las dudas sobre cuánto caerá la producción de automóviles. Los sindicatos creen que lo peor de esta crisis todavía está por llegar.