El Gobierno sigue incumpliendo los plazos en sus respuestas a la oposición

El mandato del tercer Ejecutivo de Juan José Ibarretxe termina como empezó en cuanto al incumplimiento de los plazos parlamentarios por parte de los consejeros a la hora de responder a los requerimientos de información que les hacen los grupos de la oposición. Este incumplimiento se ha convertido en un mal endémico que parece carecer de solución, aunque con diferencias entre unos departamentos y otros. Algunas de las cuestiones planteadas y que todavía están esperando respuesta datan, según el calendario que figura en la web de la Cámara (parlamento.euskadi.net), de septiembre de 2006 y otras de marzo, mayo y julio de 2007. Todas ellas competen al consejero de Interior, Javier Balza.

La oposición estima que el Ejecutivo "burla" el control parlamentario

Los grupos de la oposición, principalmente los dos mayoritarios, el PSE y el PP, que son los que más trabajo dan al tripartito, deben recurrir periódicamente a solicitar el amparo de la Mesa para forzar el envío de respuestas, que, por la razón que sea, el Ejecutivo se resiste a remitir o dilata en el tiempo. La situación afecta, sobre todo, a las preguntas para ser respondidas por escrito y a las solicitudes de información documentada. Ambos grupos critican que el Gobierno emplea esas dilaciones para dificultar su labor de control.

Nada más empezar la legislatura, en octubre de 2005, la Mesa del Parlamento debió reclamar al Gobierno 26 respuestas atrasadas, que debían haber recibido contestación en julio anterior. En los últimos dos meses, la oposición ha debido recurrir en dos ocasiones a esa intervención de la Mesa. En septiembre pasado, lo hizo el Grupo Socialista, que recibió el amparo del órgano de gobierno de la Cámara frente al Ejecutivo en la reclamación sobre 12 asuntos cuyos plazos estaban sobradamente cumplidos.

En octubre fue el Grupo Popular el que reclamó por la ausencia de contestación a 23 preguntas por escrito y a tres solicitudes de información documentada. Tras la intervención de la Mesa, a través de la presidenta de la Cámara, la peneuvista Izaskun Bilbao, recordando al Gobierno sus obligaciones y urgiéndole a cumplirlas, el tripartito ha agilizado sus respuestas en unos supuestos, pero en otros ha seguido guardando silencio.

Las cuestiones que los socialistas han reclamdo, todas ellas respondidas sólo tras la intervención de la Mesa del Legislativo, guardaban relación principalmente con la política social o educativa del Gobierno. Entre ellas figuran precisiones sobre lo gastado en publicitar la ley por la que se abonarán los complementos de pensiones, los resultados de las pruebas de perfiles lingüísticos, y otras sobre las víctimas de la violencia conyugal o el alumnado de origen extranjero.

El portavoz socialista, José Antonio Pastor, recordó en septiembre pasado que siguen pendientes, al menos, once comparecencias de miembros del Gobierno ante distintas comisiones de la Cámara. Una de ellas tiene por objetico explicar una huelga que se remonta al mes de diciembre de 2006, la de los funcionarios de la Administración de justicia.

"Se trata de una vulneración de la legalidad", señala, por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Leopoldo Barreda, cuyo grupo reclamó por un total de 23 preguntas y tres solicitudes de información sin responder a mediados de octubre. A su juicio, la actuación del Gobierno "supone burlar de hecho la función representativa y faltar al respeto y consideración debida a los parlamentarios, a la Cámara y, a través de ellos, a la propia ciudadanía que representan".

Después de una nueva reconvención de la Mesa, el Gobierno ha enviado un lote de respuestas. En estos momentos quedan cerca de una quincena retrasadas, entre las que figuran algunas de las más antiguas.