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Resistencia extrema con los informes del 'caso Balenciaga'

Si hay un asunto en el que el Gobierno ha mostrado una resistencia al límite, ignorando todos los requerimientos de la Mesa de la Cámara, es el caso Balenciaga. Tanto la parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, como después el popular Borja Sémper han padecido las negativas del Ejecutivo a facilitar información en esa materia.

El Gobierno terminó por dar a Ezenarro las cuentas de 2006 de la Sociedad Berroeta Aldamar, promotora del museo de Getaria, y los intentos de Sémper por obtener el informe y la auditoría realizados sobre la sociedad por dos consultoras privadas le han supuesto casi un año de esfuerzos. El 23 de noviembre de 2007, Semper pidió la auditoría de Z&B. La consejera de Cultura, Miren Azkarate, se negó a remitirla por estar "en manos de la fiscalía". Esta argumentación "no es por sí misma razón suficiente que justifique la negativa a remitir la información solicitada", indicó la presidenta de la Cámara, Izaskun Bilbao, al Gobierno el pasado 15 de enero.

Azkarate devolvió a la Cámara una nueva negativa en febrero. A Sémper le dijo en privado que no remitiría el informe bajo "ninguna circunstancia" para evitar que los medios de comunicación lo conociesen, pero le ofreció examinarlo en la sede del Ejecutivo en Vitoria. Sémper concertó una cita en el Departamento de Cultura el 3 de marzo. Los impedimentos que encontró allí terminaron de nuevo en manos de la Mesa.

Un "abogado" impuesto

Al parlamentario popular se le impuso la presencia de un "abogado" del departamento -el entrecomillado corresponde a su posterior relato a la Mesa-, mientras se obligaba a salir de la sala, primero al asesor jurídico de su grupo y luego, a la parlamentaria Arantza Quiroga, que iba con él.

Su reclamación para poder consultar la documentación sin más que la asistencia técnica de su asesor, al tratarse de una auditoría económica, motivó la intervención incluso de la Vicelehendakaritza, que envió al director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, José Luis Errekatxo. Sémper le expuso sin éxito su derecho a hacer su trabajo en forma y sin fiscalización. Desistió y abandonó la sede del Ejecutivo sin poder estudiar el documento. Izaskun Bilbao envió una nueva comunicación al Gobierno el 11 de marzo, en que tachaba de "no fundadas en derecho" sus razones, pedía respeto a las atribuciones del parlamentario y el envío de la auditoría.

Parecido recorrido ha tenido el informe del bufete Cuatrecasas, pedido el 29 de enero de 2008. El Gobierno al final remitió ambos el pasado 29 de octubre.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de noviembre de 2008