Asociaciones privadas llenan el vacío público hacia los enfermos mentales

Francisca Llobell, de 73 años, vive espantada desde que a su hijo, de 42 años, le sobrevino una esquizofrenia paranoide. Su negativa a seguir el tratamiento farmacológico es la causa de continuos brotes violentos que han puesto en más de una ocasión en peligro la integridad física de su anciana madre, que vive en Teulada. Pero quien no pudo defenderse del ataque mortal de otro enfermo mental sin medicar fue la propietaria de un sex shop en Alicante, el pasado 2 de octubre. La mujer murió acuchillada por un hombre cuyo trastorno no fue precisado, pero que había abandonado el psiquiátrico penitenciario hace cuatro meses y supuestamente dejó de tener un seguimiento médico.

Sucesos como estos, que aunque residuales desatan la alarma social por la gravedad de las consecuencias, han vuelto a poner de relieve las "clamorosas deficiencias" de la red sanitaria valenciana en materia de salud mental, según la Asociación Valenciana de Neuropsiquiatría y Salud Mental (AEN-PV). Desde los "poderes públicos" se estigmatiza a los afectados por estas dolencias, y al mismo tiempo las administraciones obvian a este nutrido colectivo y privan a los afectados de su derecho a ser tratados de manera óptima, denuncia Salvador Roig, portavoz de la Plataforma por la Defensa y Mejora de Salud Mental de Alicante.

El 15% de la población sufre algún problema de salud mental

La red sanitaria valenciana es la que da las "peores" prestaciones

El Consell debe un millón de euros a las asociaciones de ayuda al enfermo

Los afectados censuran la imagen de peligrosidad de los pacientes

La "urgencia" de resolver esta "abrumadora" insuficiencia de recursos la revelan las cifras. El 15% de la población valenciana sufre un problema de salud mental durante su vida; al 5% de estos pacientes se les cronificará la enfermedad, apunta uno de los más prestigiosos expertos genetistas del sistema nervioso, Salvador Martínez, del Instituto de Neurociencias de Alicante. Una enfermedad mental viene determinada en un 60% por predisposición genética.

Frente a una prevalencia de las patologías mentales notablemente elevada, la red valenciana exhibe las "peores" prestaciones sanitarias y sociales del territorio nacional, según AEN-PV. De hecho, son 22 asociaciones sin ánimo de lucro, agrupadas en la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes), las que tratan de paliar el vacío en la sanidad pública. Con gran voluntarismo por parte de los profesionales, pero con tremendas dificultades financieras. El pasado miércoles, Feafes anunció recortes en la prestación de su servicio ante la imposibilidad de afrontar sus gastos por los retrasos en el pago de la Consejería de Sanidad, que les adeuda más de un millón de euros. Tras el impacto mediático, el departamento de Manuel Cervera se comprometió de manera urgente a abonar la subvención.

En medio de este "desolador" contexto sociosanitario en materia de salud mental, la Audiencia de Alicante prepara un protocolo de actuación sanitaria judicial con el fin de tratar ambulatoriamente a los enfermos que rechazan el tratamiento. La iniciativa, impulsada por su presidente, Vicente Magro, a la sazón artífice de protocolos contra la violencia de género o para rehabilitar a los infractores de la seguridad vial, se ha encontrado con el rechazo unánime de los principales colectivos de profesionales y familiares de enfermos mentales como la AEN o Feafes . "Resulta sarcástico" y casi "ofensivo" que se plantee un tratamiento desde el ámbito judicial mientras existe una "inadmisible precariedad de recursos sanitarios" para atender a todas las personas con enfermedad mental, explica Roig. Afectados y profesionales sostienen que no se debe recurrir al sistema judicial para sustituir las carencias del ámbito sanitario.

Y es que la escasez de recursos, tanto en el ámbito hospitalario como en el extrahospitalario es "alarmante" en el apartado de psiquiatras, psicólogos, enfermeros especializados. Mucho peor está el dispositivo de psiquiatras infantiles. Se trata de una demanda histórica de colectivos de familiares y, sin embargo, a día de hoy, no existen en la red sanitaria. Feafes denuncia que no existen unidades de salud mental completas y multidisciplinares (psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, auxiliares de ayuda a domicilio...) en la Comunidad Valenciana. La insuficiente cobertura tiene su correlato en la masificación estructural que padecen estas unidades, de manera que los enfermos son tratados de manera parcial, lo que aumenta el riesgo de cronificación de sus patologías. Por ello, el planteamiento que se hace desde la Audiencia de Alicante es "erróneo e inadecuado", opina José María Sánchez Monge, presidente de Feafes.

El protocolo de actuación sanitaria judicial promovido por la Audiencia de Alicante incluye la creación de un juzgado especializado en salud mental dotado con expertos forenses y psiquiatras para atender los casos de internamientos e incapacidades. Así, junto con el seguimiento y control de la medicación en los casos más graves se añadiría una vigilancia especial para excarcelados con dolencias mentales.

Pero a juicio de los colectivos que trabajan con afectados, para su implantación deberían darse unas condiciones de cobertura sanitaria previa que en esta región no existen. Además, en su opinión, el desarrollo de los servicios de apoyo domiciliario de las unidades de salud mental, permitiría atender a los casos "más graves" con intervenciones individualizadas. Para ellos, la propuesta de Magro es una simplificación de situaciones muy complejas y dolorosas a las que no se pueden dar respuestas parciales. Los afectados censuran que se dé una imagen de peligrosidad y conflictividad de los enfermos para justificar el citado protocolo. Además, recuerdan que existe uno para internamientos, pero que no se aplica por falta de medios. Las demandas planteadas por estos colectivos están recogidas en la Ley General de Sanidad.