Juzgada la alcaldesa de Alpuente por delito ecológico

La alcaldesa de Alpuente, Amparo Rodríguez, del PP, fue juzgada ayer en Valencia por un supuesto delito de vertidos tóxicos entre 2004 y 2005. El fiscal solicita para ella dos años y tres meses de prisión. Además, también acusa al director gerente de la Empresa General Valenciana del Agua (Egevasa), Isidoro Solera, por los mismos hechos, y solicita para él la misma pena.

Según expuso ayer el fiscal, tal como consta en su escrito de calificación de los hechos, en verano de 2005 se produjeron vertidos de aguas residuales en la pedanía de Las Heras del Obispo Hernández a un barranco que desemboca en el río Tuéjar. Estas aguas residuales llegaron sin depurar por "falta de una depuradora" y debido "al mal funcionamiento de las balsas decantadoras, llenas de lodos". Fue un vecino afectado quien alertó de los hechos al presentar una denuncia.

La alcaldesa de esta localidad de menos de un millar de habitantes reconoció ayer que sabía que se estaban produciendo esos vertidos y que no adoptó medidas porque creía que estaban autorizados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Rodríguez aseguró que pidieron autorización a la CHJ y que, aunque no contestaron, pagaron un canon por la misma.

La primera edil explicó que en su opinión pedanías como la que realizó el vertido, con población inferior a los 50 habitantes, no están obligadas por la legislación a tener un sistema de depuración. Y agregó que el desbordamiento de las balsas de decantación podría deberse "al mal uso que hacen los vecinos de las mismas".

En su intervención precisó que la gestión y mantenimiento de los sistemas de depuración de las aguas residuales corresponden a Egevasa. Por esa razón, afirmó, desconocía que los vertidos superaban los niveles máximos aceptables.

El gerente de Egevasa dijo que ocupó su actual cargo a finales de 2005, que antes era director adjunto y que sus funciones eran contables y financieras. "Nada que ver con las depuradoras", afirmó. El denunciante, cuya vivienda se encuentra sobre una de las fosas, ha asegurado que los vertidos al barranco entre 2004 y 2005 fueron continuos y que la situación era "alarmante". Además, insistió en que comunicó lo sucedido en varias ocasiones al Ayuntamiento de Alpuente sin obtener respuesta alguna.

El fiscal pide también para ambos procesados multas de 4.800 euros.