Jueces y fiscales progresistas piden el aborto libre y gratuito

Aborto libre y gratuito. La histórica consigna del feminismo español la hicieron suya ayer, con matices, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Jueces para la Democracia (JpD) en la reunión anual de sus ejecutivas celebrada en Barcelona. Que sean quienes aplican el Código Penal los que planteen esa reclamación tiene un especial significado y coincide con el replanteamiento del aborto que ha promovido el Gobierno.

Los jueces y fiscales progresistas consideran que la reforma de la ley ha de tomar como punto de partida un sistema de plazos que "sea respetuoso con el derecho de la mujer a decidir en las primeras semanas del embarazo -aunque no acotan ese periodo- y sin necesidad de alegar un motivo, como ocurre ahora". La ley vigente permite abortar si un médico o un psicólogo dictamina que corre riesgo la salud física o psíquica de la mujer, si peligra su vida o si ha sido violada.

Esa reforma, añaden, debería complementarse con una reformulación de los actuales supuestos, para poder acoger casos detectados fuera de plazo. "No puede ser que se impida abortar si después de la semana 22 de embarazo la mujer sabe que el feto tendrá taras físicas o psíquicas, como ocurre ahora", explicó Emilio Sánchez Ulled, presidente de la UPF.

Objeción de conciencia

Las asociaciones judiciales exigen que la sanidad pública garantice en toda España el aborto en los supuestos legales. En ese sentido, califican de "inadmisible" que las "invocaciones genéricas a la objeción de conciencia" acaben provocando que las mujeres no puedan abortar en los centros públicos.

Los fiscales y jueces progresistas también consideran que "es hora ya" de despenalizar la eutanasia para "garantizar una muerte digna en casos de sufrimientos no evitables a causas de enfermedades". Debería hacerse, añaden, con el consentimiento libre y voluntario del enfermo y sin que eso se vincule con los cuidados paliativos, "que nada tienen que ver y han de quedar fuera del ámbito penal", añade Sánchez Ulled.

Las dos asociaciones judiciales constatan igualmente la "escasa voluntad política" de algunas comunidades autónomas para desarrollar la Ley de Dependencia, que está causando graves perjuicios a "los más necesitados" en estos tiempos de crisis.