Farreres culpa a un fallecido de encargar informes plagiados

La culpa es del muerto. Eso es lo que vino a decir ayer Ignasi Farreres, consejero de Trabajo de la Generalitat de 1988 a 1999, ante la Audiencia de Barcelona en el juicio que sigue contra él por encargar informes que resultaron ser burdas copias de sentencias o de textos jurídicos.

Durante su declaración ante el tribunal de la Sección Décima, el ex consejero aseguró que los estudios fueron encargados por Juan Martín Toribio, jefe de servicios de la provincia de Barcelona del Departamento de Trabajo en la época y fallecido hace años. "Era su competencia y es él quien escribe para decir que está aprobado el encargo", dijo el ex consejero al tribunal.

Farreres es el primer consejero de la Generalitat que se sienta en el banquillo por el ejercicio de su cargo. El fiscal le acusa de prevaricación, malversación y falsedad, y solicita para él cinco años y medio de cárcel, nueve de inhabilitación y multa de 103.500 euros, la misma que reclama para Josep Maria Servitje, el que fuera secretario general del departamento. También Víctor Manuel Lorenzo Acuña, apoderado de Gestumer y Socesca, las dos sociedades que facturaron 46.158 euros por los estudios, realizados entre 1994 y 1995. Como ya hizo durante la instrucción de la causa, Lorenzo Acuña asumió ayer que fue él quien se lucró por esos estudios y no Farreres y Servitje como sostiene la fiscalía.

"¿Alguien nos cree tan burros para no hacer desaparecer los informes?"

Durante su declaración ante el tribunal, Farreres defendió la utilidad de los informes y restó importancia a que, por ejemplo, se citase jurisprudencia de los cinco años anteriores a su redacción en uno que trataba sobre el mundo laboral y la libertad de expresión. Tampoco consideró trascendental que en otro estudio que versaba sobre contratación laboral se citara una ley derogada hacía años y que no se aluda a la norma sobre empresas de trabajo temporal en un tercer informe sobre esa materia. El ex consejero también aseguró que "no tiene importancia" que otro estudio sobre la salud laboral de las mujeres se refiriera a datos de hacía cinco años de la encuesta de población activa, que se publica cada trimestre, ni que se citara una ordenanza de seguridad e higiene de 1971. Con esos estudios se pretendía influir en el Gobierno del PSOE, que entonces estaba en minoría, repitió varias veces el consejero.

Juan Martín Toribio, a quien se refirió Farreres como la persona que "muy probablemente" encargó esos informes. también estuvo inculpado en el caso Pallerols por presunta financiación irregular de Unió Democràtica, partido al que pertenecen los tres acusados.

"¿Alguien nos cree tan burros, a Servitje y a mí, como para no hacer desparecer unos informes si sabíamos que estaban copiados? ¿Tan cortos se nos supone para quedarnos cruzados de brazos?", se preguntó el ex consejero, después de negarse a contestar a las preguntas de la abogada de la Generalitat y del resto de las acusaciones, a las que calificó de "sectarias": Iniciativa per Catalunya y la acción popular que ejercen los abogados Manuel González Peeters y Xavier Rotllan.

"Me ha tocado mucho el amor propio que la Generalitat acuse en este proceso", dijo Farreres, después de recordar que en su día aceptó ser consejero a pesar de que eso le suponía perder dos millones de pesetas brutos al año. "Pero estoy muy orgulloso de haber estado allí", añadió.

"Aquí no hacemos juicios políticos ni de ningún partido. Sólo de unos hechos", había recordado antes el presidente del tribunal. Toda la dirección de Unió, excepto el líder, Josep Antoni Duran, acudió al juicio.