La Agencia de Protección de Datos multa a las nuevas cámaras urbanas

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a la Asociación de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Álava y a la de Vizcaya, que nacieron al extinguirse las antiguas Cámaras de la Propiedad Urbana, multas por importe de 90.000 y 60.101 euros, respectivamente. La AEPD les ha sancionado por utilizar "sin la debida habilitación o competencia" los datos personales de los socios de la antigua Cámara Oficial.

El Departamento de Vivienda, que dirige Javier Madrazo, aprobó el decreto de extinción de las antiguas Cámaras de la Propiedad Urbana en 2006, tras hacerse pública una auditoría que ponía de manifiesto la mala gestión de las cámaras de Vizcaya y de Guipúzcoa. Los elevados sueldos, el escaso nivel de ingresos y unas deficientes decisiones de inversión del patrimonio estaban generando pérdidas anuales que les abocaban a la ruina.

Tras la extinción, los antiguos gestores de la Cámara de Álava y los de la de Vizcaya crearon unos organismos similares, pero de carácter privado. Con el objetivo de financiarse, la alavesa utilizó la base de datos de la antigua entidad y giró nuevos recibos a varios miles de antiguos clientes.

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a la Asociación de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Álava con la cantidad de 90.000 euros, y a la de Vizcaya con 60.101 euros, especificando que en el caso de Álava sus gestores cometieron una "sanción grave" por girar una remesa valorada en 30.000 euros, informa Europa Press.

Respecto de la asociación de Vizcaya resuelve que "han utilizado recientemente, sin la debida habilitación o competencia, los datos personales de los socios de la antigua Cámara Oficial para dirigirles una comunicación de la nueva asociación, por lo que también habría infringido la Ley Orgánica de Protección de Datos personales".

De los 48 trabajadores de las antiguas cámaras, 41 están empleados en el Gobierno vasco y en su mayor parte lo hacen en el servicio denominado Bizilagun, que presta de manera gratuita muchos de los servicios que prestaban antes las cámaras urbanas. Bizilagun también intermedia entre propietarias e inquilinos con el fin de resolver los conflictos que surgen.