El 'caso Balenciaga' proyecta más oscuridad

Veinte años después de que echara a rodar la idea de un museo de proyección internacional que rindiera homenaje en su localidad natal, Getaria, al modisto Cristóbal Balenciaga (1895-1972), el gran maestro sigue sin museo. La primera piedra se colocó en 2001 y su inauguración se fijó para 2003, pero han pasado casi otros seis con la obra inconclusa, mientras el escándalo económico y político planea sobre el proyecto.

Sobre ese episodio oscuro que empezó a vislumbrarse hace casi dos años de la mano de Aralar, y aún no conocido en toda su dimensión, penden dos diagnósticos: el judicial, una vez que la Fiscalía de San Sebastián presentó esta semana una querella criminal contra tres de los protagonistas, y el parlamentario, con las resoluciones que sobre los hechos y las responsabilidades políticas alcance, en el próximo mes, la comisión de investigación del Parlamento. Ambos trabajos se desarrollan en secreto, por lo que las informaciones disponibles son fragmentarias y a duras penas permiten una recomposición de los hechos.

El proyecto fue impulsado por el ex alcalde peneuvista de Getaria entre 1983 y 1997, Mariano Camio, que dejó el cargo para ponerse al frente del ambicioso proyecto de vocación internacional. Ahora es el principal imputado por la fiscalía, junto con el arquitecto cubano autor del diseño del museo, Julián Argilagos, entonces afincado en Getaria con una galería de arte, y ahora residente en Florida (EE UU).

Camio consiguió la donación para el proyecto de los fondos que poseía el secretario del modisto, Ramón Esparza, que luego compró el Gobierno, y también la constitución de una Fundación, cuya presidencia de honor ostentan los Reyes, y al frente de cuyo patronato se puso al modisto Hubert de Givenchy, discípulo de Balenciaga.

Dos son las entidades de composición institucional con responsabilidades en el proyecto. Una es la Fundación Balenciaga, constituida en 1999 por el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Getaria, además de patronos individuales, en gran parte destacados nombres del mundo de la moda internacional. El motivo por el que el Gobierno autonómico no se incorporó a ella permanece en la penumbra, pero la entonces consejera de Cultura, Mari Carmen Garmendia, no conectó con los emisarios del proyecto y decidió quedarse al margen de algo en lo que no vio suficiente grado de elaboración y formalización escrita.

La otra entidad es la Sociedad pública Berroeta Aldamar, formada, ya en 2005, por el actual Gobierno vasco, a través de su Departamento de Cultura, la Diputación de Guipúzcoa, y, como en la Fundación, el Ayuntamiento de la localidad.

Por qué se creó Berroeta Aldamar cuando el proyecto ya estaba en marcha y la primera fase de la obra -la concerniente al Palacio Aldamar- realizada, es algo que tampoco se conoce bien. El presupuesto se había disparado desde los 800 millones de pesetas que se barajaron en 2000, en las primeras reuniones de la Fundación, hasta los 15 millones de euros que se reconocen cinco años después.

Una de las interpretaciones es que las tres instituciones, todas ellas en manos del PNV, salieron al rescate de un proyecto que se disparaba, con riesgo de zozobrar, desacreditando al partido, y sobre el que ya en 2002, tres años antes, el Ministerio de Cultura había empezado a pedir cuentas a través de sus representantes en el seno de la Fundación. En concreto, lo hizo sobre los contratos suscritos por Camio con la empresa de Argilagos, Hemen Fashion Art, que al parecer no se habían sometido ni a su junta directiva ni a su patronato.

Esos cuestionados contratos, -firmado el primero por Camio en nombre de la Fundación en 2001, y con dos modificaciones en 2005 que elevaban la remuneración del arquitecto en la medida en que había nuevas fuentes de financiación del proyecto- son los que asumieron el Gobierno, la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Getaria, desde la sociedad Berroeta Aldamar. Son los que posibilitaron el pago de 1,2 millones de euros al arquitecto cubano, en parte por trabajos sin realizar, y que, en algunos casos, no se correspondían siguiera con lo pactado. Como ejemplo, Berroeta Aldamar abonó a Argilagos el proyecto de interiorismo mucho tiempo antes de que éste fuera entregado y, al parecer, el documento que finalmente llegó no puede ser considerado como tal por la insuficiencia de su contenido.

El informe técnico del Ministerio de Cultura que en 2005 desautorizaba por completo el proyecto de la segunda fase de las obras, la sobredimensionada ampliación anexa al palacete, se ignoró y la construcción siguió adelante. El Departamento de Cultura asegura que no conoció ese informe hasta dos años más tarde, pese a que el ministerio lo remitió a la Fundación, y a que tanto Camio como el entonces alcalde de Getaria, Josu Ezenarro, estaban a la vez en ésta y en la sociedad Berroeta Aldamar, junto al Ejecutivo vasco.

El desarrollo del proyecto y la evolución de las obras aparecen plagados de actuaciones oscuras, que la comisión de investigación y los tribunales tendrán que determinar. Entre ellas se incluye, al parecer, desde el desvío a gasto corriente de subvenciones destinadas a inversión, hasta la modificación a mano de facturas, pasando por el escaneo de firmas o el abono a terceros de pagos por trabajos que debería haber realizado Argilagos.

En medio del silencio en que se encierran todas las fuentes oficiales, lo que se trasluce desde la periferia de las instituciones integrantes de la sociedad Berroeta Aldamar es la idea de que todo se ha debido a la gestión de Mariano Camio, a quien consideran condicionado por la relación sentimental que se le atribuye con Julián Argilagos.

Esa relación le habría llevado a obrar en beneficio de éste y en perjuicio de la sociedad pública de la que era gerente y de la fundación de la que era vicepresidente, a las que se debía. Con ello habría incurrido en el presunto delito de administración desleal que, entre otros, se pidió que investigara la fiscalía y que ha conducido a la querella presentada ahora contra él.

Los sobrepagos a Argilagos a 31 de diciembre de 2006 alcanzaban, según la auditoria realizada el año pasado por la consultora privada Z&B, 439.905 euros. El contrato con el arquitecto, ahora responsabilidad de la sociedad Berroeta Aldamar, estipula unos honorarios del 7% del presupuesto de la obra ( 6 millones de euros en 2001), con lo que Argilagos puede terminar percibiendo el triple de la cantidad estimada entonces, ya que aquella cifra se ha multiplicado ya por tres.