La oposición duda del desconocimiento del Gobierno y el PNV
Hay una pregunta que sobrevuela el trabajo de la comisión parlamentaria de investigación, en lo que a las responsabilidades políticas se refiere. ¿Puede un Gobierno, socio mayoritario, con el 49%, de la sociedad pública Berroeta Aldamar a través de su Departamento de Cultura (PNV), desconocer lo que hace su gerente, Mariano Camio, que además es del mismo partido?
El Gobierno alega que se incorporó al proyecto en 2005 y deriva la responsabilidad a la Fundación, en la que nunca ha estado y sí, en cambio, el Ministerio de Cultura, desde los tiempos en que gobernaba el PP. Cabría preguntar incluso, si el Gobierno puede alegar desconocer lo que ocurría en la Fundación Balenciaga, aun desde fuera de ella, cuando el gerente de Berroeta Aldamar era a la vez vicepresidente y factotum de esa segunda entidad. Y cuando, tanto en la una como en la otra, existe un segundo nexo de unión, el Ayuntamiento de Getaria, que siempre ha estado en manos también del PNV durante la polémica andadura del proyecto.
Un pequeño partido, Aralar, descubrió lo que tres instituciones del PNV no vieron
Y, aunque la comisión de investigación observa una exquisita cortesía parlamentaria, cabría preguntar cómo pudo el PNV ignorar cuanto sucedía en una pequeña comarca de Guipúzcoa en la que tiene una gran penetración y control social y, sin embargo, lo descubrió un pequeño partido, Aralar, recién llegado al Ayuntamiento de Getaria.
Estas cuestiones no se plantean con esa crudeza en voz alta, pero la desconfianza de la oposición es manifiesta. "Resulta un poco difícil de creer que no hayan sabido lo que pasaba", señala un miembro de la comisión de investigación.
La preocupación por la deriva del proyecto es, de hecho, muy antigua. Según ha podido saber este periódico, las primeras interpelaciones en el seno de la Fundación por parte de los representantes del Ministerio de Cultura datan de 2002. Y versaban precisamente sobre los contratos que luego asumió la sociedad pública Berroeta Aldamar. Sin revisarlos, según sostiene la consejera de Cultura, Miren Azkarate.
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