Crisis de confianza
No recuerdo desde que tengo uso de razón política, es decir, desde mis años de adolescente en que empecé a interesarme por los asuntos públicos con una gran intensidad que no ha dejado de ir en aumento a pesar de los muchos años que he ido cumpliendo, no recuerdo, digo, ningún momento en el que el valor de las predicciones económicas avanzadas por los organismos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados, haya tenido tan poco valor. Desde finales del año pasado y, sobre todo, desde comienzo de 2008, no hay predicción económica que resista ni siquiera un mes. Las revisiones se suceden a un ritmo cada vez más acelerado y, como consecuencia de ello, la fiabilidad de las mismas es cada vez menor. Mucho se está hablando de la necesidad de restaurar la confianza, que es un valor intangible pero imprescindible, a fin de que la economía pueda recuperar el pulso, pero, a la vista de la fallida ejecutoria reciente de quienes se supone que tienen más información y más conocimientos para saber hacia donde vamos, no parece fácil que vayamos a poder conseguirlo.
Esta crisis de confianza en las previsiones económicas supone un obstáculo difícil de superar para quienes tienen que hacer política económica. Cuando el análisis económico no es fiable, la dificultad de hacer política económica se multiplica por mucho. La elaboración de los presupuestos públicos de todos los niveles de nuestra fórmula de gobierno, estatal, autonómico y municipal lo está poniendo de manifiesto. Es obvio que el escenario que contempló el Ministerio de Economía y Hacienda para la elaboración del anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 ha cambiado de manera dramática en las últimas semanas. Nadie contemplaba en ese momento que los grandes bancos de todo el mundo iban a estar en situación crítica o que el precio del barril de petróleo iba a subir y bajar de la forma en que lo ha hecho, ni muchas cosas más. En consecuencia, la fiabilidad del principal instrumento de política económica es reducida.
Lo mismo le ha ocurrido a todos los consejeros de Economía y Hacienda y a todos los responsables municipales del área. Las previsiones de las cuentas públicas de este año nacen con un déficit de credibilidad objetivo. Se han hecho con el conocimiento del que se disponía en el momento en que se presentaron al órgano legislativo competente para aprobarlas, pero sin garantía de que dicho conocimiento tenga la fiabilidad que ha tenido en ocasiones anteriores.
Para las comunidades autónomas, el debate presupuestario se complica todavía más como consecuencia de que estamos en un momento en el que se tiene que tomar una decisión sobre la reforma del modelo de financiación y hay, en consecuencia, un elemento más de incertidumbre con el que hay que contar.
Ante una situación como ésta los dos grandes partidos de gobierno de España han adoptado una posición completamente distinta. El PP ha puesto en marcha una estrategia de no a todo, sin entrar en matiz de tipo alguno. Los presupuestos, allí donde no gobiernan, son irreales y, en consecuencia, lo único que cabe es retirarlos y hacer unos nuevos. El PSOE, por el contrario, ha decidido que se debe dar un voto de confianza a los gobiernos autonómicos y municipales realmente existentes y ha renunciado a presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos autonómicos y municipales elaborados por gobiernos populares.
El debate presupuestario de este año se está haciendo en condiciones completamente distintas de las de años anteriores y las conductas de los diferentes agentes políticos deberían no perderlo de vista. No creo que se entienda bien que en circunstancias tan difíciles no sea posible llegar a algún tipo de acuerdo.
