Un informe de Caja Madrid acusa a Aguirre de entrometerse sin base legal

Los líos en Caja Madrid no se apagan. Todo lo contrario. Ni Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ni el presidente de la entidad, Miguel Blesa, parecen dispuestos a buscar una solución consensuada. La primera quiere desalojarle del cargo; Blesa quiere prorrogar su mandato tras 12 años ejerciéndolo.

El último disparo de Aguirre ha sido el envío, el pasado 24 de octubre, de una carta de Antonio Beteta, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. La misiva pedía anular el inicio del proceso electoral acordado hace unas semanas por el consejo de administración de Caja Madrid, por lo que Miguel Blesa lo trató en la reunión extraordinaria de ayer, cuyo tema principal fue la planificación del próximo ejercicio. Según fuentes cercanas a la entidad, detener el proceso electoral es una manera de intentar que Blesa no pueda presentarse a la reelección por cuestiones legales.

Moody's rebaja dos escalones la calificación de la deuda de la entidad

Tras la lectura de la carta, otra vez se reflejó la división del consejo del pasado 21 de octubre. Por un lado, se manifestaron en contra de la apertura del proceso electoral cuatro de los ocho consejeros del PP (José Manuel Fernández Norniella, Estanislao Rodríguez Ponga, Mercedes Rojo y Ricardo Romero de Tejada), los más fieles a Aguirre. Además, coincidieron en esta posición tres de los cuatro del PSOE: José María de la Riva, Ramón Espinar y José María Arteta, próximos a Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños.

Quizá la única novedad fue que Romero de Tejada pidió que se acercaran las posiciones del Gobierno de la Comunidad y de la caja. El consejero argumentó que no debía haber un enfrentamiento institucional, y menos con la actual situación del mercado, aunque su petición no se ha traducido en nada concreto por el momento.

La entidad ha pedido un informe jurídico al bufete Uría y Menéndez, que concluye que los contenidos de esta carta "son una intromisión improcedente de la Administración en el proceso electoral de Caja Madrid". La carta, según Uría, es "una intromisión sin amparo legal expreso, en el proceso electoral para 2009 en Caja Madrid" y dice que "puede considerarse una desviación de poder".

La carta de Beteta llegó "en ejercicio de la competencia de la Comunidad de Madrid como órgano rector en materia de cajas de ahorro dentro de su ámbito territorial", según decía. Fue dirigida al presidente de Caja Madrid para que proceda "a la adopción de las medidas oportunas por parte de esa institución para la suspensión del proceso electoral iniciado y la anulación de la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria de 10 de noviembre de 2008".

En su carta, Beteta invoca la decisión del Gobierno Regional de "adaptarse de forma inminente la ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad de 2003". El consejero indica que los Estatutos y el Reglamento Electoral de la Caja Madrid "no han sido adaptados a las modificaciones de la normativa básica de aplicación en materias de Cajas de Ahorros...".

No obstante, en 2006 ya se produjeron elecciones en la asamblea de la caja, con el actual Gobierno autonómico, y no argumentó la necesidad de realizar ningún cambio, como sucede ahora.

Por otro lado, la caja ha decidido congelar el sueldo de todos los miembros de los órganos de gobierno y considerar la morosidad como uno de los objetivos a combatir en 2009. Precisamente, la agencia de calificación de riesgo Moody's rebajó dos escalones la nota de la caja por la calidad crediticia: de Aa1 a Aa3.